Enfoque
¿Reformas penales con interés electorero?
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Sergio Cuarezma, Sergio García Quintero y Rafael Solís. |
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Consuelo Sandoval y Xiomara Chamorro
nacionales@laprensa.com.ni
La corrupción, como elemento perturbador de la democracia, es un tema ineludible en la campaña electoral que se avecina. La idoneidad de los candidatos tendrá importante punto de apoyo en la honestidad con que los partidos asuman la lucha contra la corrupción. Según la opinión de algunos juristas, la propuesta de reformar urgentemente el Código Penal para introducir no solamente los delitos económicos contra el Estado, sino también los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, le daría consecuencia a los discursos electorales normalmente impregnados de abundante demagogia. Expertos consideran que esta medida contra la impunidad en que muchos delitos están quedando, no interfiere en el proceso de discusión y aprobación de un nuevo Código Penal que entraría en vigencia hasta dentro de dos años, aunque para otros, estas reformas tienen el interés de dejar en la impunidad los delitos de corrupción que se le atribuyen a funcionarios públicos.
El diputado sandinista Bayardo Arce, declaró que su bancada respaldará la reforma y adición al Código Penal debido a la complejidad que implica aprobar todo el proyecto del Código Penal en la presente legislatura.
“Nos pusimos de acuerdo en hacer reformas parciales para poder cubrir una serie de delitos nuevos que se han presentado, no implica necesariamente que en todos los puntitos estemos de acuerdo”, dijo Arce.
“La idea es tipificar algunos delitos contemporáneos que no aparecen en el Código Penal vigente pero viene en la nueva legislación. Los aspectos puntuales los vamos a ir viendo”, indicó.
SERGIO CUAREZMA: "LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ES YA"
La conducta delictiva de empresarios ligados a la quiebra de varios bancos, obligó a la Asamblea Nacional a iniciar la discusión urgente de un proyecto de reformas al Código Penal que contempla la incorporación de delitos económicos que ponen en riesgo el sistema financiero del país.
Aprovechando esta iniciativa, que se limitaba a esos delitos, el Comité Nacional de Integridad que dirige la Vicepresidencia de la República y que incorpora a representantes de la sociedad, amplió la propuesta con artículos que penalizan la corrupción de los funcionarios públicos.
La propuesta establece que mientras se aprueba un nuevo Código Penal que entraría en vigencia hasta dentro de dos años, se provea urgentemente a la sociedad de las herramientas jurídicas que le permitan penalizar los casos de enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencia y los relacionados a la mala conducta de los funcionarios.
“La oportunidad es ahora. Si los diferentes sectores políticos del país representados en la Asamblea Nacional desean fortalecer su opinión ante la sociedad, inteligentemente discutirán y aprobarán una reforma parcial del Código Penal que contenga delitos contra la economía nacional y de corrupción”, señala el catedrático de Derecho Penal, Sergio Cuarezma.
El jurista considera que no es incompatible que mientras los diputados discuten y aprueban las reformas y adiciones al Código, se avance paralelamente en la discusión y aprobación del nuevo Código Penal.
“El impacto sería positivo, ya que el legislador expresaría una voluntad de luchar ya y no hasta dentro de dos años contra la corrupción. Si no se hace una reforma parcial, la quiebra de los bancos y los actos de corrupción que se cometan en el período de entrada en vigencia del proyecto de Código quedarán impunes”, agrega Cuarezma.
SERGIO GARCIA QUINTERO: ALEMAN QUEDARIA IMPUNE
El destacado jurista Sergio García Quintero, declaró que la propuesta de la bancada liberal para reformar el Código Penal vigente desde 1879, pretende retrasar la aprobación del proyecto sometido ante la Asamblea Nacional y que apenas ayer comenzó a ser aprobado en lo particular.
“Esto es para adormecer al movimiento reformista para que el capítulo de los delitos propios de los funcionarios públicos se quede perdido en la bruma, mientras dure el gobierno del doctor Arnoldo Alemán. El enriquecimiento ilícito no va a ser tratado ni lo vamos a ver convertido en una ley de la República”, afirmó.
“El proyecto que Sergio Cuarezma elaboró con la complicidad de los abogados dependientes de la Presidencia de la República, especialmente del doctor Iván Escobar Fornos, lleva el enriquecimiento ilícito como un artículo perdido dentro de todo el maremágnun del Código y no como un capítulo aparte”, argumenta.
Sin embargo, el doctor Alemán no quiere que sea realmente una ley de la República mientras él esté en el gobierno. ¿Por qué?. Porque con el enriquecimiento ilícito tipificado como delito se vendrían abajo una enorme cantidad de funcionarios públicos comenzando por el propio doctor Alemán”, aseveró García.
“Ha habido un descaro tan grande y se ha manejado esto de una manera tan dolosa que ningún jurista y ningún periodista ha querido hacer un análisis a fondo porque de los 488 artículos que tiene el proyecto de código penal aprobado en lo general, más de 400 son copia vil del código penal de España”, enfatizó.
Según el jurista “todavía está fresca la tinta de las informaciones en los diarios, especialmente en LA PRENSA, de cuando el doctor Alemán desacató a la Contraloría en cuanto a que hiciera una declaración de bienes y explicara lo que en 1998 era el 900 por ciento de la fortuna que tenía cuando comenzó. En estos momentos, es mucho más del diez mil por ciento, puesto que ya se habla de una fortuna que sobrepasa los cien millones de dólares”, agregó.
“Y así como él, la enorme cantidad de fortuna de arribistas, de caballeros de industria que entraron al gobierno únicamente con el afán de enriquecerse y que han culminado sus esfuerzos con enormes fortunas, mientras estamos luchando por ver como clasificamos entre los países más pobres”, comentó.
Según García, la aplicación del delito por enriquecimiento ilícito puede aplicarse de forma retroactiva “porque se ha venido cometiendo de tracto sucesivo y no se sabe desde cuándo comienza a contarse, de tal manera en este aspecto, el delito perfectamente es aplicable y en esa forma se ha pronunciado el código penal argentino en el que Sebastián Soller, rompiendo una serie de problemas y presiones, logró dentro del código argentino introducir como una cuestión pionera la cuestión del enriquecimiento ilícito. En 1994 yo le dediqué un capítulo entero a mi proyecto, sin embargo, fue desatendido”.
MAGISTRADO RAFAEL SOLIS: "REFORMAS PARA MAQUILLAR AL GOBIERNO"
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, elogió la iniciativa liberal de reformar el Código Penal vigente, pero no descartó que la misma podría tener la intencionalidad política de maquillar la imagen gubernamental ante los constantes señalamientos de supuestos actos de corrupción.
“Es probable que también haya un interés en un año electoral de buscar como presentarse ante la comunidad internacional y ante el pueblo nicaragüense como que efectivamente se está luchando contra la corrupción, buscando como sancionar severamente a estos funcionarios que cometen este tipo de delitos, sin embargo, hay que estar claro que todas estas medidas contra la corrupción son parte de una lucha universal y de América Latina”, sostuvo.
“Por la urgencia que hay de considerar todos estos delitos de corrupción y por su combate en el que deben estar involucrados todos los poderes del Estado, es importante esta iniciativa, le daría mucha más fuerza a la propia ciudadanía saber que existen delitos tipificados como la quiebra de los bancos que va en perjuicio de los ahorrantes y de los ciudadanos que contribuyen a los fondos públicos”, estimó el magistrado.
Reveló que la Corte Suprema después de sostener un encuentro con los contralores acordaron que promoverán una reunión más amplia con otros poderes del Estado para ver como se fortalece la lucha contra la corrupción. “También creemos que se debe destrabar el veto a las reformas a la ley de la Contraloría o de una sola vez hacerla nueva y que se pueda presentar lo antes posible”.
Opinó que muchos funcionarios que cometan presuntos actos de corrupción podrían quedar en la impunidad porque la ley no puede ser aplicada de forma retroactiva, según un principio constitucional que establece la no retroactividad de la ley, a menos que se favorece al reo en materia penal”.
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