Una comunicación telefónica entre el Presidente Arnoldo Alemán y el diputado Daniel Ortega, seguida posteriormente de una reunión entre el Presidente y los representantes de los transportistas, puso fin al paro que se había iniciado el lunes de esta semana. Incomodidades para el pueblo trabajador, y pérdidas cuantiosas para la economía del país, es el saldo de esta última interrupción del servicio de transporte colectivo. Y al final de cuentas, ¿qué se logro? Hasta el momento lo único que se ha visto es una solución aparente del problema y una posposición real del mismo.

El Gobierno se comprometió con los transportistas a impulsar con carácter de urgencia una nueva ley general para regular el transporte terrestre. Esa ley contendrá todo un capítulo de incentivos para el sector. Se comprometió, además, a lo siguiente: a pagarle a los dirigentes del sector transporte durante los próximos diez meses un millón trescientos mil córdobas mensuales para la conformación de un “capital semilla” que les sirva para mejorar el parque vehicular, a dejar el precio del pasaje al mismo nivel en que estaba antes del paro, y a liberar a cualquier activista que hubiese caído preso como consecuencia de las protestas. Los transportistas, por su parte, se comprometieron a desistir del reclamo de bonos de combustible por 250 millones de córdobas anuales que venían recibiendo, y a suspender el paro.

Ahora queda por verse a cuánto ascenderá el monto de los “incentivos” que les otorgará la nueva ley. ¿Será igual, mayor o menor a los 250 millones de córdobas que estaban recibiendo? Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿Contribuirá o no el nuevo ordenamiento legal del transporte al mejoramiento del servicio que reciben los usuarios? Porque después de todo, el fin último de una nueva ley debe ser ese: sentar las bases para que los pasajeros puedan tener un buen servicio a un buen precio. Y ese objetivo no se logrará mientras no se introduzca el elemento competencia.

Actualmente, no existe competencia dentro del sector transporte, y por lo tanto, tal como sucede en cualquier otro negocio donde ese elemento no está presente, el servicio es malo. El ingreso al mismo depende de la voluntad de los que controlan la representación del sector y de la voluntad del gobierno, convirtiéndolo así en un negocio elitista en el que cualquiera que desee ingresar recibe el despectivo y ofensivo calificativo de “pirata”.

El negocio para los señores que controlan el transporte colectivo depende, no de la prestación de un buen servicio por el que el usuario esté dispuesto a pagar voluntaria y gustosamente, sino de una negociación entre ellos y el gobierno. El usuario no puede influir premiando al buen transportista o castigando al malo. Las utilidades las asegura el gobierno. En consecuencia, no debería de sorprender a nadie que las unidades sean un desastre, que el usuario reciba un mal trato, que los que están dentro del negocio estén felices, y que no quieran que haya competencia.

Al ser el Gobierno el que fija el precio, y al tener los que controlan el sector la capacidad de presionar al Gobierno yéndose al paro cada vez que lo deseen, y sin tener que pagar ningún costo, el margen de utilidad, grande o pequeño, depende de lo que esas dos partes negocien. Y no cabe duda que el margen debe ser grande, desde el momento en el que los dirigentes insisten en permanecer en esa actividad empresarial. El perjudicado es el usuario que se ve forzado a usar un servicio que, si tuviera alternativa, estamos seguros que no utilizaría.

Ahora que se ha anunciado la elaboración de una nueva ley general de transporte terrestre, existe la oportunidad de resolver el problema a fondo y de manera permanente. Pero esa solución tiene que pasar, necesariamente, por la introducción del elemento competencia. Si la utilidad que logran los buseros no se hace dependiente de la calidad del servicio que presten, continuaremos en el mismo problema, y quienes hacen uso del transporte colectivo tendrán que seguir aguantando las ofensas, los atropellos y las humillaciones de los conductores y sus asistentes. La oportunidad actual no debe desperdiciarse.  

¿Solución o posposición del problema?