Oscuros presagios
A la falta de credibilidad que se ha granjeado el Consejo Supremo Electoral (CSE) por su partidarización y equívocas actuaciones, se agrega ahora la amenaza de violación al principio fundamental del voto secreto, por medio de una sospechosa numeración consecutiva que se pretende imprimir en las papeletas electorales para las votaciones del próximo 4 de noviembre.
La enredada verificación de firmas para impedir que nuevos partidos políticos hagan competencia al PLC y el FSLN; la inhibición del Partido Liberal Democrático por conveniencia del gubernamental Partido Liberal Constitucionalista, y del Movimiento de Unidad Nacional por voluntad del cogobernante FSLN; la inhibición del doctor José Antonio Alvarado para que no fuese el candidato vicepresidencial del Partido Conservador; la paralización del CSE por los chantajes políticos entre magistrados; el rechazo del FSLN a la propuesta de reformar la Ley Electoral en lo que se refiere al mecanismo del quórum del CSE a fin de que ninguno de los dos partidos pueda volver a trabarlo; y ahora, la pretensión de violentar la secretividad del voto, son sólo algunos de los principales hechos negativos que le han quitado credibilidad al Poder Electoral, pero que también son oscuros presagios de que esta campaña electoral podría desembocar en una crisis institucional y política de gran magnitud e insospechadas consecuencias.
Para colmo, la decisión del Dr. Carlos Tünnermann de abandonar la presidencia del Grupo Cívico Ética y Transparencia para asumir una candidatura partidista, empeoró la situación al debilitar la credibilidad de un organismo en el que la población nicaragüense y la comunidad internacional habían depositado una gran confianza como árbitro de los conflictos políticos y verificador del proceso electoral. En realidad, al cambiar sorpresivamente una actuación política pero cívica, independiente e imparcial, por un compromiso netamente partidista, el ex presidente de Ética y Transparencia golpeó severamente la confianza ciudadana y de la comunidad internacional en ese grupo civil de moderación política y verificación electoral, aunque no hubiera sido ésta su intención.
En lo que se refiere a la pretendida numeración consecutiva de las boletas electorales que se usarán en las votaciones del próximo 4 de noviembre —lo que permitiría conocer por quién votó cada elector—, el secretario general del CSE la justificó en declaraciones a LA PRENSA con el argumento de que ya se hizo así en las elecciones municipales de noviembre del año pasado, y porque según él la numeración no se apreciaría a simple vista.
Pero el hecho de que en las pasadas elecciones municipales se hubiera violado el principio de secretividad del voto y que nadie protestara, no convierte en legítima la violación ni justifica que se repita ahora, en unas elecciones que son mucho más importantes que las municipales y que, además, están amenazadas con sombrios presagios de irregularidades e inclusive de violencia.
La Contraloría General de la República, que últimamente ha venido actuando de manera consecuente con las funciones que le corresponde desempeñar, ya sea que lo haga por voluntad propia o porque la presión de la comunidad internacional la ha obligado a proceder contra actos de corrupción y abusos gubernamentales, debería intervenir en el asunto de la impresión de las boletas de votación que según denuncias de empresarios de la industria impresora está motivado por un supuesto favoritismo del CSE hacia una determinada empresa, que por cierto ofrece imprimir las boletas a un costo más elevado que el de las otras firmas oferentes.
La Contraloría General de la República ya tuvo que intervenir en el caso de la impresión de las boletas, pues el Consejo Supremo Electoral pretendía encomendar su impresión —sin licitar— a una determinada empresa, y los contralores obligaron al CSE a que la abriera a licitación. Pero eso no ha sido suficiente. Ahora, según las denuncias de los empresarios impresores el CSE está maniobrando para asignar la licitación a la empresa que supuestamente es de su preferencia, aunque ésta cobre por ese trabajo mucho más que las otras oferentes. Y si es cierta esa denuncia, la Contraloría General de la República debería intervenir para que no se cometa este abuso que ensombrecería todavía más el panorama de las elecciones del 4 de noviembre. 
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