La decapitación de la candidatura vicepresidencial de José Antonio Alvarado y la reciente crisis del CSE causada por los sectarismos y las pasiones partidistas de los magistrados liberales y sandinistas, han hecho que aumente el temor de la ciudadanía a que las elecciones del 4 de noviembre próximo pudieran desembocar en una crisis de mayores proporciones y de consecuencias impredecibles.

En realidad, si en el caso de la inhibición de Alvarado se trabó el Poder Electoral porque los magistrados del FSLN impidieron durante dos semanas que se estableciera el quórum legal del CSE, con mucha mayor razón éste se podría paralizar cuando tenga que reconocer el resultado de las elecciones del 4 de noviembre; lo que podría ocurrir fácilmente si se diera el caso de que el resultado de la elección presidencial fuera muy cerrado, y los magistrados del partido perdedor se negaran a establecer el quórum para impedir que el CSE declare los resultados y la validez de las elecciones, como es su atribución de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Electoral.

La verdad es que este peligro no desaparecería ni los temores ciudadanos se disiparían, aunque los 4 magistrados que obedecen al PLC y los 3 que pertenecen al FSLN se comprometieran públicamente y por escrito a no impedir el funcionamiento del CSE, cualquiera que fuese el resultado del escrutinio. Sin embargo, algo se puede y se debe hacer para prevenir una nueva crisis en el Poder Electoral que pudiera provocar una catástrofe después de las elecciones.

Lo ideal sería que se pudiera reorganizar el CSE antes de las elecciones de noviembre y sustituir a los actuales magistrados desacreditados, con personas que sean ajenas a los partidos y tengan comprobada capacidad profesional y solvencia moral. Las recientes experiencias de México y el Perú demostraron que la mejor manera de garantizar unas elecciones libres y limpias reside en poner su organización en manos de personas confiables por su honestidad personal, independencia política y competencia profesional.

Lamentablemente eso no es posible hacerlo ahora en Nicaragua, no sólo por falta de tiempo sino también porque los mecanismos de designación de los magistrados, en la Asamblea Nacional, están determinados por los designios perversos del pacto libero-sandinista y son controlados por las mismas cúpulas políticas corruptas que escogieron a los actuales miembros del CSE. Pero sí es factible reformar el artículo 12 de la Ley Electoral, que se refiere a que “el quórum del Consejo Supremo Electoral se formará con cinco de sus miembros”, para agregarle una disposición que garantice que el quórum se podrá establecer en cualquier circunstancia y de esa manera impedir que cualquiera de los dos partidos (PLC y FSLN) vuelva a sabotear el funcionamiento del CSE.

Otra medida preventiva de una nueva y más grave crisis del CSE ante el resultado de las próximas elecciones, podría ser que una firma extranjera de mucha credibilidad hiciera la encuesta a boca de urna, para conocer de inmediato los resultados de las votaciones y anunciarlos por los medios de comunicación —como se hizo en las recientes elecciones de México y el Perú—, con lo que se podría disuadir a quienes pretendieran alegar que hubo fraude para desconocer el resultado de las votaciones y crear una situación de caos y violencia en el país.

También se podría pedir a los organismos de observación electoral que supervisen en forma más directa y calificada la técnica de la recolección de los datos de la elección, así como el escrutinio de los votos, y de esa manera darle confianza a los mismos partidos y candidatos que participan en las elecciones, y sobre todo a los ciudadanos.

En fin, los organismos de observación electoral, nacionales y extranjeros, que tienen mucha experiencia de situaciones políticas y jurídicas como la que hay ahora en Nicaragua, y peores todavía, podrían perfectamente proponer los mecanismos que sean suficientemente viables y eficaces que aseguren el éxito de las elecciones de noviembre próximo y que sirvan para legitimar y fortalecer el sistema democrático, no para degradarlo ni para alterar la paz de la República y la tranquilidad de la nación.  

Medidas preventivas