Hay que evitar más enrredos
Emilio Alvarez M.
El CSE va a sesionar por fin a partir de hoy con casi dos semanas de retraso en el calendario electoral. Pero persiste la honda preocupación que la situación del CSE causa tanto a la ciudadanía nicaragüense como a la comunidad internacional de donantes, que podría rematar en la supresión de la ayuda financiera por considerar irresponsables a las autoridades encargadas. Esto traería la cancelación de los comicios, síntoma inequívoco de ingobernabilidad.
Las causas de este bloqueo institucional es producto de los cambios a la Constitución y la Ley Electoral, que a puertas cerradas negociaron los caudillos de los dos partidos mayoritarios. Uno se pregunta: ¿en qué estaban pensando los negociadores del partido de gobierno a la hora de aceptar que el quórum se formaría solamente si el partido de minoría estuviese de acuerdo en realizar sesión (pues ahora se exige cinco magistrados para integrar quórum y aquél sólo tiene cuatro)? Esa concesión al FSLN condujo a un chantaje del FSLN, pues la inhibición o no de la candidatura del Dr. Alvarado ha sido sólo un pretexto para presionar y lograr ventajas en otros campos, como si el CSE fuese un cuerpo político y no un ente colegiado, fuera del control de los partidos.
Lo grave es que la negativa a tomar decisiones ya comienza a manifestarse en la Corte Suprema de Justicia, donde se necesitan doce magistrados de dieciséis (está uno sin nombrarse), para emitir acuerdos o sentencias. Por tanto si a la hora de elegir magistrados de las Cortes de Apelaciones, las pretensiones del FSLN no son satisfechas, éstos no votarían, deteniéndose el funcionamiento del Poder Judicial más de lo que está actualmente por corrupción o inepcia.
¿Por qué el equipo de eminentes constitucionalistas del PLC aceptó ese curioso arreglo del quórum? Y cuando llegó su texto a la Asamblea Nacional ¿por qué los diputados del PLC no denunciaron el error y en cambio se sometieron a las instrucciones de arriba? La explicación más posible es que la dirigencia del PLC esperaba conseguir del FSLN, a cambio de cuotas de poder y otras facilidades, que se volvieran zancudos y convocasen juntos una Constituyente. Cualquiera que fuese la razón, la verdad es que el PLC cayó en su propia trampa y los sandinistas se largaron con la presa y ahora lo tienen de rehén.
Por último, la Corte Suprema de Justicia llamada a impedir que ninguna ley o decreto violente disposiciones de la Constitución, no atiende los recursos por inconstitucionalidad interpuestos contra las referidas reformas —sabemos que los magistrados democráticos insistieron en que se conociera ese reclamo, pero los del FSLN bloquearon el intento, alegando instrucciones de su dirigencia, de no tocar ningún artículo.
¿Cómo arreglar este enredo en que han metido al país las nuevas paralelas? Lo peor sería que los dos caudillos se encerraran en un cuarto para repartirse una vez más el pastel burocrático y todo quede igual. Lo que debe hacerse es la recomendación de don Santiago Murria, jefe de la misión de la OEA, o sea: reformar la ley electoral para que el quórum no sea negociable cambiando esa manera inusual de integrarlo. Pero ello exige voluntad política de estadistas, y no mezquindades partidarias. Si no corrigen lo indicado, podríamos tener en noviembre una parálisis del CSE que saldría del control constitucional, como sucedió el año pasado en el Perú y no haber ganador. Esta situación sería intolerable para el sistema interamericano.
* El autor es analista político. 
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