Alvarado ante el paredón
Hoy se reunirá el Consejo Supremo Electoral (CSE), después que el viernes de la semana recién pasada quedó superada la crisis que paralizó su funcionamiento durante dos semanas. Y en esta reunión, según las informaciones disponibles, el CSE va a reprogramar el calendario electoral e inscribirá —con un atraso de 14 días— a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de los tres partidos que participarán en las elecciones de noviembre.
La reactivación del CSE ha planteado la interrogante de qué fue lo que se negoció y acordó entre las cúpulas del PLC y el FSLN para destrabar a este Poder del Estado, pero sobre todo ha creado una gran expectación sobre la suerte de la candidatura de José Antonio Alvarado, es decir, si los magistrados la inscribirán o la inhibirán de oficio, como lo anticipó públicamente el presidente Arnoldo Alemán.
Desde que se conoció —el viernes pasado— que esta crisis del CSE había finalizado, los dirigentes del Partido Conservador dieron como un hecho la inhibición de Alvarado, aunque éste y un grupo de sus seguidores decidieron permanecer hasta hoy en la mañana en las instalaciones centrales del Poder Electoral. “En cierta manera esta espera es como que estás enfrente de un pelotón de fusilamiento”, dijo José Antonio Alvarado a los periodistas, el viernes pasado, después de conocer que el CSE se reuniría hoy lunes para decidir entre otros asuntos su inscripción o inhibición.
La inscripción o inhibición de Alvarado es como una prueba de transparencia y legitimidad del proceso electoral, pero sobre todo de honestidad personal, profesional y política de los magistrados —tanto los liberales como los sandinistas— que integran el Consejo Supremo Electoral.
En efecto, el acto formal de inscribir o inhibir a Alvarado es un asunto de interpretación de la letra de la Ley Electoral. Se puede perfectamente interpretar de una u otra manera. Pero la decisión de respetar el derecho de Alvarado, o atropellarlo, es esencialmente un asunto de integridad moral. Sobre todo después que eminentes juristas independientes demostraron que la disposición de la Ley Electoral que se esgrime para justificar la inhibición de José Antonio Alvarado, no fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino incorporada posteriormente como una “fe de errata” que maliciosamente hicieron publicar -dos meses después de la publicación oficial de la Ley Electoral- en La Gaceta, Diario Oficial, cuya edición, además, depende del equipo legal del mismo presidente Alemán.
Y lo peor del caso es que el fusilamiento político de Alvarado ni siquiera es de interés verdadero del PLC, como lo dijo su candidato presidencial Enrique Bolaños al pronunciarse públicamente, la semana pasada, a favor de que se dejase participar en la elección de noviembre al candidato vicepresidencial del Partido Conservador. Se trata más bien de un capricho del presidente Alemán, a quien no parece importarle que con esas actitudes perjudica la candidatura de su propio correligionario Enrique Bolaños, y que por eso sus mismos asesores extranjeros (de Alemán) le recomiendan cambiar de comportamiento, si es que quiere mejorar su imagen y terminar bien su período de gobierno para tener posibilidad de volver a ser presidente en el 2007, como es su ambición públicamente proclamada.
Pero no es por las conveniencias particulares del presidente Alemán sino por respeto a la ley y a los principios democráticos, y por honestidad política de los magistrados del CSE, que éstos deberían respetar el derecho de Alvarado a ser el candidato vicepresidencial del Partido Conservador, e inscribir su candidatura.
La discusión sobre si es correcto o no que sea presidente o vicepresidente de Nicaragua alguien que por cualquier motivo hubiese renunciado alguna vez a ser nicaragüense, concluyó al ser reformada la Constitución por los mismos PLC y FSLN que establecieron en ella que sí puede serlo, siempre y cuando hubiese recuperado la ciudadanía nicaragüense al menos cuatro años antes de la elección. Y es obvio que José Antonio Alvarado llena ese requisito, de manera que si lo inhiben es por una falsificación de la Ley Electoral y un atropello al derecho y la justicia, lo que cubrirá de oprobio a quienes se presten a semejante aberración jurídica, política y moral. 
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