Hace más de dos mil años, Marco Tulio Cicerón escribió que “La justicia es la reina y señora de todas las virtudes”. El notable orador y escritor romano definió así el profundo sentido moral de la justicia, del que derivó el principio esencial de que la persona que juzga debe ser un paradigma de capacidad, honestidad, equidad e imparcialidad.

Pero en países como Nicaragua, donde las instituciones son endebles, la cultura jurídica es incipiente, el Estado es un botín y los intereses personales y partidistas están por encima de los principios éticos, más de dos mil años después de Cicerón todavía los magistrados y jueces no son escogidos por idoneidad personal y profesional, aunque la tengan, sino por mezquinos intereses políticos y lealtades partidistas. Una aberración de la justicia que fue agravada por el pacto libero-sandinista mediante el cual las cúpulas de los partidos PLC y FSLN decidieron repartirse los cargos superiores de las instituciones del Estado.

Ahora la politización de la administración de justicia en Nicaragua ha llegado al extremo de que, por ejemplo, se ve como “normal” la anormalidad de que un magistrado proclame en forma pública que él llegó a la Corte Suprema para servir a su partido; o que otros magistrados participen en los mítines políticos luciendo en sus cuellos las pañoletas de los colores partidistas.

Al respecto es verdaderamente lamentable la información de que la reelección o renovación de los 26 magistrados de las cortes de apelaciones que terminan ahora su mandato, está condicionada a las maniobras políticas que tienen trabado al Consejo Supremo Electoral. O sea que la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura vicepresidencial de José Antonio Alvarado no será por lo que establece la ley y dictan los principios de derecho y justicia, y los magistrados no serán reelegidos o renovados por sus méritos profesionales y éticos, sino por la negociación de intereses políticos y conveniencias partidistas.

La justificación que se da a la partidarización de las funciones públicas —inclusive las jurisdiccionales— es la de que no hay nadie que no tenga una determinada filiación política, y que la militancia partidista es un derecho de todos los ciudadanos que no se le puede negar a los funcionarios del Estado, ni siquiera a los magistrados y jueces. Pero eso no es cierto. Por un lado, la verdad es que la mayoría de los nicaragüenses no pertenece a ningún partido. Y por otra parte, en el ejercicio de la función pública hay incompatibilidades jurídicas y éticas que deben ser respetadas ante todo por las personas que tienen la delicada responsabilidad de impartir la justicia.

En realidad, independientemente de la mala fama que tienen los partidos políticos debido a que algunos de sus miembros y dirigentes son notoria y hasta descaradamente corruptos, la política es una forma muy respetable de servir al público y de procurar el bien común. Y los partidos políticos han sido, son y seguirán siendo el mecanismo por excelencia de intermediación entre la formación de la voluntad popular y la organización del poder.

Pero el ejercicio de la función pública en general y de la administración de justicia en particular, requiere del máximo sentido de equidad e imparcialidad. En general, los funcionarios gubernamentales después de ser elegidos están obligados a gobernar para toda la nación, no para los partidos que los propusieron. Y con mucha mayor razón los magistrados y jueces tienen la obligación de ser equitativos, independientes e imparciales, y por lo tanto ellos no deben salir de las filas y mucho menos de las cúpulas de los partidos.

Con frecuencia se dice que la clave para resolver los problemas grandes y pequeños de Nicaragua es que haya una administración de justicia honesta y eficaz. Y por cierto que en esta época de promesas electorales el único candidato presidencial que ha prometido despolitizar la administración de justicia es don Enrique Bolaños. Pero, ¿podría don Enrique lograr semejante hazaña en el caso de que llegara a ser presidente de Nicaragua, si tendría que gobernar con diputados de los mismos partidos (PLC y FSLN) que pactaron precisamente para repartirse los poderes públicos y subordinar la justicia a sus intereses políticos?  

Justicia politizada no es justicia