Relatos de un sobreviviente
Delitos y complicidad
 | Durante el juicio, el entonces comandante Juan José Ubeda, jefe del Ministerio del Interior en la Región VI, dijo a la población campesina allí reunida que los abusos cometidos “eran hechos aislados” |
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Roberto Fonseca L.
roberto.fonseca@laprensa.com.ni
El sábado 14 de abril de 1984, diez meses antes de la muerte de mi hermano Álvaro, llegué a Pantasma, Jinotega, a bordo de un camión, cubierto de tierra desde los pies hasta la cabeza.
Estábamos asustados, los 56 kilómetros que separan al municipio de Santa María de Pantasma con Jinotega, los recorrimos con los fusiles AK bala en boca, sin seguro y con el corazón desbocado, amenazando con salirse del pecho.
Junto conmigo, viajaban quince compañeros –mujeres y hombres– quienes conformábamos la Brigada “Omar Torrijos”. Durante tres meses, los más largos y angustiosos de mi vida, permaneceríamos en ese lugar infernal, haciendo proselitismo político. Irónicamente, ninguno tenía experiencia guerrillera, ni militar.
Recuerdo que estábamos sacudiéndonos la tierra que nos cubría hasta las pestañas, cuando vi algo que me llamó mucho la atención. Frente a nosotros, sobre el camino de polvo, comenzaba a desfilar una romería de gente, que caminaba de prisa, cargando o guiñando a sus hijos y sosteniendo en la cabeza bultos envueltos en sábanas.
“La situación está chiva”, advirtió alguien del Zonal del FSLN y entendimos el motivo de la apurada emigración. Temían que esa noche, igual que en octubre de 1983, la Contra atacara Pantasma y huían hacia las afueras del poblado, a ponerse a buen resguardo.
UNA PREGUNTA SIN RESPONDER
“Todo eso que dice está muy lindo, pero lo único que quiero saber es, ¿dónde quedó mi sobrino?”, me dijo un campesino de la comunidad Flor de Pino, Pantasma, y esa pregunta la oímos repetir esos tres meses, a lo largo y ancho de las comunidades que recorrimos, entre ellas Zompopera, La Polvosa, Jiquilite o El Charcón. Y nunca Gladys, José Ramón, Víctor o yo, supimos qué contestar.
El juicio sumario celebrado en Matagalpa, a inicios de marzo de 1984, en contra de trece personas –ocho civiles y cinco militares–, todos ellos miembros y militantes sandinistas, tampoco despejó esa angustiosa pregunta. Lo único que aclaró fue la identidad de los autores materiales y de algunas víctimas.
A Carlos Barquero Rodríguez, ex Secretario Político del FSLN y principal responsable, lo sentenciaron a 44 años y seis meses de prisión, por graves delitos, entre ellos ejecuciones y torturas.
Entre las víctimas del grupo se mencionó a Julia González, Adrián Ferrer, José Luis Montenegro, Auxiliadora Castro, Pedro Rodríguez y Salvador Herrera, algunos de ellos ejecutados a sangre fría, con arma de fuego.
También se les inculpó por “conducta indebida” contra varios civiles, entre ellos Luis y Antonio Gutiérrez, Salomón Meza y Antonio Díaz, es decir, torturas y amenazas de muerte. Incluso, un sargento primero, de apellido Palacios, fue condenado a catorce años por haber violado y robado a una mujer de la comunidad El Bramadero.
Entre los culpables, por “encubridores”, estaban varios pobladores de la localidad, que militaban en las filas sandinistas. Al hijo de uno de ellos, de nombre Lisandro, que trabajaba en Educación de Adultos, lo conocí en esos tres meses. “Y mi papá, ¿qué podía hacer?”, se preguntó varias veces, “terminó agarrándola del cuello”, agregaba con amargura. Barquero involucró a sus subordinados, haciéndolos partícipes de los delitos.
Durante el juicio, el entonces comandante Juan José Ubeda, jefe del Ministerio del Interior en la Región VI (Matagalpa y Jinotega), dijo a la población campesina allí reunida que los abusos cometidos “eran hechos aislados”, pues no representaban una política de la Revolución Sandinista ni de los órganos de seguridad.
Justificó que se debía a “desconocimiento de la realidad de la zona”, a la “formación recibida” o bien, a una “mala interpretación de las líneas”, por parte de Barquero y su grupo.
MINA ROSITA, 1980
En junio de 1980, caminaba cerca del viejo cine municipal, cuando escuché por los parlantes a alguien con un pronunciado acento campesino, similar a la entonación de Henry Ruiz.
Me asomé por curiosidad y vi a un tipo sobre la tarima, vestido de militar y con las insignias de “comandante guerrillero”. Pregunté quién era y me dijeron que “Rufo”. Su nombre, Manuel Calderón, un ex jefe guerrillero muy conocido en esa zona, quien supuestamente había sido llamado de “emergencia” de Cuba.
El cine estaba abarrotado de campesinos y “Rufo” trataba de convencerlos de lo mismo que Ubeda, años después. Que los abusos contra los derechos humanos, cometidos contra la población civil, por parte de mandos y tropas, se debían a “hechos aislados” y que sancionarían con firmeza a los responsables.
Años después, al principal oficial involucrado en Rosita, lo volví a ver en la Dirección Política del Ejército, ostentando un cargo importante. Su nombre me lo reservo.
* El autor es periodista. 
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