Urgen defensores en Las Segovias
Adolfo Olivas Olivas
nacionales@laprensa.com.ni
La reducción del gasto público ha significado que en la Circunscripción Las Segovias, se carezca de recursos humanos y materiales para la agilización de los procesos judiciales, mencionándose la ausencia de defensores públicos, falta de secretarias en los Juzgados de Distritos y de magistrados en el Tribunal Regional de Apelaciones.
En el Tribunal Regional de Apelaciones “Circunscripción Las Segovias”, con sede en la ciudad de Estelí, existen más de 300 expedientes civiles y 106 laborales (correspondientes al año 2000), que están pendientes de sentencia, sin incluir los del año 2001, lo que tiene muy preocupados a los cinco magistrados.
En materia penal, han entrado 88 expedientes, pero sólo uno de ellos ha sobrepasado los parámetros de retardación de justicia, ya que el Tribunal de Apelaciones ejecuta un plan diseñado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha permitido la agilización de los procesos judiciales, no así las otras salas.
“Ni que trabajemos hasta en la madrugada durante un año consecutivo, podremos evacuar todos los expedientes civiles y laborales que hay acumulados en este Tribunal”, aseguró el doctor Ricardo Moreno, ex presidente del Tribunal Regional de Apelaciones.
ACUMULACIÓN DE CAUSAS
Aclaró que la acumulación de causas que están en apelación, ocurre porque proceden de 26 Juzgados Locales y 3 Distritos, los que atienden una enorme cantidad de juicios civiles y laborales.
Para dar respuesta a todo ese flujo de apelaciones, el Tribunal Regional de Apelaciones cuenta con cinco magistrados, distribuidos de la siguiente manera: 2 en la Sala Civil (atiende también lo laboral) y 2 en la Sala Penal, y el quinto, que es el presidente, forma parte de todas las salas.
“Es una necesidad impostergable que se nombre a un magistrado más en la Circunscripción Las Segovias, porque el problema de la retardación de justicia, está más allá de nuestras capacidades físicas”, declaró Moreno.
El doctor Carlos Padilla, Juez de Distrito del Crimen de Estelí, manifestó que pese a ello, la retardación de justicia en el departamento, apenas es de un tres por ciento, pero que sería necesario la creación de un segundo juzgado ante el crecimiento de abogados y de la población.
El Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí en el año 2000 recibió 295 causas enviadas por la Policía Nacional. Según el titular de dicho juzgado, se necesitan computadoras y secretarias, para agilizar los procesos judiciales.
URGE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
Respecto a la defensa de reos pobres, Padilla indicó que muchos abogados de oficios realizan un buen trabajo, pero que otros abandonan a los reos porque saben que no obtendrán ganancias.
El doctor Aníbal Hernández Molina, abogado y notario, consideró que es imperiosa la creación de la Defensoría Pública para agilizar los trámites judiciales e impedir la retardación de justicia.
Hernández Molina, apuntó que la ley expresa que es obligación del Estado garantizarle la defensa a los reos desamparados, pero que esta responsabilidad es trasladada a abogados particulares, que en determinadas ocasiones incumplen con sus deberes por la falta de recursos materiales y la ausencia de los familiares de los procesados.
Roberto Petray, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), advirtió que la actitud pasiva del Estado es una de las causas para que los abogados de oficios abandonen a sus defendidos y se viole el derecho constitucional de las personas de contar con defensor desde el momento de su captura.
Petray dijo que el problema ocurre porque en la Circunscripción Las Segovias se carece de defensores públicos para brindar asesoría legal a las personas con escasos recursos económicos.
REO INDEFENSO
Trece gramos de marihuana hallados por la Policía en la camioneta en que viajaba, bastaron para que su vida se convirtiera en una tragedia: su esposa lo abandonó estando embarazada y no ha podido conocer al hijo que tanto deseaba y para sellar su desgracia, su madre murió en un accidente de tránsito, y el reo no pudo asistir a sus honras fúnebres.
Enrique del Carmen Murillo Rugama (34), originario de El Coyol, Condega, cumplió una condena de 30 meses de prisión en el Sistema Penitenciario Regional llamado ahora “La Puerta de la Esperanza” antes “La Chácara”, sin recibir la asistencia de un abogado defensor.
“Yo nunca conocí si tenía defensor, porque la única que se preocupaba por mí era mi madre Petronila Rugama, pero desgraciadamente murió aplastada por un camión militar el 17 de julio del 2000”, relató Murillo, quien cumplió su condena este 14 de junio.
Al relatar su estado de indefensión, recordó que a él le comunicaron su sentencia hasta 16 meses después, mediante la gestión de la ANPDH, organización que siempre pidió su libertad, pero que su expediente siempre quedaba en el olvido.
“Yo siempre he sido un hombre trabajador y muestra de ello es que en el Sistema Penitenciario aprobé la primaria, aprendí técnicas para el cultivo de hortalizas, manejo de ganado, aves y cerdos, creo que hasta voy a quedar como empleado aquí”, dijo Murillo Rugama.
JUSTICIA EMPAÑADA
El Procurador Penal Departamental, doctor Mauricio Peralta, opinó que “técnicamente existe un abogado de oficio, pero en la práctica, en la realidad hay indefensión y muchas veces el defensor ni se presenta al jurado de conciencia”. Expresó que el abandono de los reos que carecen de capacidad económica “empaña la administración de justicia, por cuanto no se cumple el principio de igualdad ante la ley”.
SISTEMA PENITENCIARIO REGIONAL EN CIFRAS
Total de reos: 458
Hombres: 446
Mujeres: 12
Condenados: 382
Procesados: 76
PROCESADOS POR DEPARTAMENTOS
Nueva Segovia: 39
Estelí: 32
Madriz: 5 
|
