A fines de la semana pasada el prestigioso jurista y analista político, Dr. Alberto Saborío, miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA, fue designado por el Partido Conservador como su candidato presidencial para las elecciones del 4 de noviembre.

Con el nombramiento del Dr. Saborío el Partido Conservador trata de poner fin a la crisis en la que cayó desde la renuncia de su anterior candidato presidencial, el Dr. Noel Vidaurre. Y termina así, también, la expectativa de que los conservadores podrían desistir de participar en la contienda electoral para facilitar la victoria del candidato presidencial oficialista, don Enrique Bolaños, que muchos nicaragüenses consideran que es el único que puede impedir que Daniel Ortega y el FSLN regresen al poder.

Al aceptar esa candidatura, el Dr. Alberto Saborío ha dejado de ser miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA, pues de acuerdo con las normas de independencia de este Diario de los Nicaragüenses la pertenencia a dicho Consejo es incompatible con la militancia política, con el ejercicio de cargos gubernamentales y con cualquier clase de compromisos partidistas.

Esta no es la primera vez que a un miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA se le nombra para desempeñar un alto cargo de representación política. Y por cierto que esto es algo que nos honra, porque demuestra la alta calidad intelectual y ética de las personas que integran el Consejo asesor del Diario de los Nicaragüenses. Sin embargo, igual que en casos anteriores tenemos que lamentar ahora el vacío que deja en LA PRENSA el Dr. Saborío, a quien deseamos mucho éxito en el cumplimiento del complejo reto personal y político que ha decidido asumir, pues estamos convencidos que sólo lo anima la búsqueda del bien para Nicaragua, cuyos intereses él pone por encima de cualquier otra cosa.

Por otra parte, la ocasión es propicia para reiterar nuestra inquebrantable voluntad de mantener y fortalecer el profesionalismo periodístico y la independencia política de LA PRENSA, que desde nuestra perspectiva democrática es la mejor manera de practicar la libertad de prensa y de servir a nuestros lectores, al público, a la nación y a la incipiente democracia de Nicaragua. Precisamente por eso es que en las normas del Consejo Editorial de LA PRENSA se dice expresamente que sus miembros “no pueden ejercer cargos de responsabilidad política, partidista o gubernamental, ya sean electos por elección popular o indirectamente, o cualquier otra función que de manera directa o indirecta afecte su independencia política o personal”. Pues, como se señala también en dichas normas: “El Consejo Editorial y sus miembros en lo personal deben velar por el equilibrio en las opiniones vertidas en las páginas editoriales del Diario”.

Las normas de nuestro Consejo Editorial se inspiran también en la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión, cuyo noveno principio establece que “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.

Estamos absolutamente claros de que no es fácil aplicar tales principios que son esencialmente democráticos y libertarios, en un país como Nicaragua donde prevalecen la polarización y la intolerancia política; donde los caudillos o caciques partidistas se reparten los cargos del Estado como si fueran un botín; y los representantes del poder establecido pretenden interpretar la Declaración de Chapultepec según las conveniencias e intereses de sus agrupaciones partidistas, para chantajear ideológicamente a la prensa libre e independiente y tratar de subordinarlos a sus campañas electorales y a sus fobias y filias políticas.

Sin embargo, como también se dice muy claramente en las normas de nuestro Consejo Editorial, rechazamos cualquier forma de presión de los poderes públicos, sectores políticos, fuerzas económicas y personas privadas. Y al precio que sea seguiremos defendiendo y practicando estos principios en los que se sustentan la ética profesional y la independencia política de LA PRENSA.  

Profesionalismo e independencia