Hay que crear “protestódromos”
 | A nadie debería permitírsele protestar mediante el procedimiento de bloquear calles o impedir el paso de las personas. Es razonable que quienes se sienten agraviados expresen su inconformidad, pero eso debería limitarse a parque y plazas donde no molesten a quienes tienen otras preocupaciones o padecen otros agravios |
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Carlos Alberto Montaner*
MADRID.— La secuencia fotográfica es impresionante. En la primera foto un grupo de jóvenes enmascarados golpea un jeep de la Policía con estacas de madera y barras de hierro. El vehículo, atrapado en una rinconera, tiene los cristales destrozados. En la segunda, uno de los manifestantes se acerca con un extintor de incendios en las manos, listo para tirarlo contra el cristal trasero. Desde dentro, alguien apunta con una pistola. En la tercera, el muchacho del extinguidor yace en el suelo, mientras de su mejilla, bajo el ojo derecho, sale un inmenso chorro de sangre. La bala le ha destrozado la cara y, presumiblemente, el cerebro. Debe haber muerto fulminantemente. Y todavía hay una cuarta: el coche de la Policía, en su huida, da marcha atrás y atropella el cadáver.
Todo esto, como sabemos, ocurrió en la bella Génova durante la última Cumbre del G-8, y hasta ahora ha sido el episodio más dramático del creciente movimiento contra la globalización. Sin embargo, tal vez lo realmente notable no sea este desgraciado incidente, sino el hecho palmario de que asistimos a un proceso planetario de degradación del derecho a manifestarse. Cada vez con mayor frecuencia hay numerosos grupos de ciudadanos que se lanzan a las calles con el ánimo de destrozar propiedades, dedicarse al pillaje y atacar a las fuerzas de orden público. Lo estamos viendo en Londres, en medio de enfrentamientos raciales cada vez más virulentos. Lo vemos asiduamente en el país vasco, donde la coartada para estas orgías juveniles de violencia y desacato se presenta como una reivindicación de los ideales separatistas. Lo vemos también en América Latina, donde la crisis económica —Argentina— o la cólera étnica —Ecuador— muchas veces desembocan en el frenesí destructor.
Incluso, no me parece descaminado inscribir los actos vandálicos de los «hooligans» futboleros dentro del mismo fenómeno. El pretexto puede ser la victoria o la derrota del equipo regional predilecto, pero el origen oculto de estos hechos es la pulsión destructiva que anida en el bicho humano testiculado —casi siempre son varones— cuando todavía es o se siente joven. Ahí, en la transgresión de las normas, y en los riesgosos enfrentamientos con las fuerzas de orden público, confirman su masculinidad de guerreros adultos. Es un rito de tránsito. Pero no sólo eso: algunos no tan jóvenes participan en estos terremotos de adrenalina para recuperar la mocedad perdida. Son viejos que se desplazan en la otra dirección. Buscan la fuente de la eterna juventud liándose a pedradas con la Policía.
Las sociedades democráticas no saben muy bien cómo enfrentarse a esta barbarie. Entre los principios liberales más sagrados está el derecho a manifestarse libremente, ya sea mediante la palabra o mediante la participación en actos públicos. Pero, mientras la manifestación oral o escrita está sujeta a múltiples regulaciones, la de los actos de protesta suele existir dentro de un limbo legal que impide que la sociedad actúe contra los excesos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión del pensamiento no me permite interrumpir con un megáfono en el velorio de un desconocido para explicarle al doliente auditorio mi inconformidad con el gobierno o con la subida de los impuestos. El juez norteamericano O.W. Holmes lo dijo con más claridad en el siglo pasado: «el derecho a la libertad de expresión no autoriza a nadie a gritar “¡fuego!” en un teatro lleno». Ni nadie puede injuriar o difamar al prójimo sin correr el riesgo de ser sancionado en los tribunales. Pero está permitido, sin embargo, paralizar una ciudad —el comercio, las diligencias personales, todo—, con las pérdidas económicas tremendas que ello significa, sólo porque un grupo de ciudadanos se empeña en desfilar por las calles principales para dar a conocer su problema particular.
En realidad, a nadie debería permitírsele protestar mediante el procedimiento de bloquear calles o impedir el paso de las personas. Es razonable que quienes se sienten agraviados expresen su inconformidad, pero eso debería limitarse a parque y plazas donde no molesten a quienes tienen otras preocupaciones o padecen otros agravios. Incluso, lo verdaderamente democrático sería habilitar en cada ciudad varios lugares de protesta, los «protestódromos», y dotarlos de cámaras de televisión y antenas radiales para que se conozcan los puntos de vista de los manifestantes, pero sin permitírseles actuar fuera de esos recintos para que no vulneren el derecho de las otras personas a mantener una vidita tranquila, pastosa y ordinaria, sin más sobresaltos que los que deparen el azar o los suegros.
Naturalmente, no es fácil llevar a cabo una regulación profunda del derecho a la protesta pública. Inmediatamente los demagogos comenzarán a decir que se trata de una limitación dictatorial contra las libertades. Pero sucede a la inversa: si no se establecen normas estrictas para encauzar las protestas callejeras, y si no se actúa con severidad contra quienes las infrinjan, en la inmensa mayoría de los ciudadanos empezará a anidar la frustración con el sistema democrático y la añoranza por una mítica época dorada en que la mano fuerte de un dictador impedía el caos. Precisamente, lo que nos salva del fascismo y de la barbarie son el orden y la responsabilidad. La única manera de proteger la libertad de todos es ponerla a salvo de quienes sólo piensan en la suya propia. [©FIRMAS PRESS]
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