La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), organismo cúpula de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que funcionan en el país, presentó ante la opinión pública el documento “La Nicaragua que queremos”, en el que plantea una serie de propuestas como “insumos para la elaboración de las estrategias locales y nacionales para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, y a su vez se conviertan en herramientas de trabajo para el fortalecimiento de la sociedad civil a nivel local, departamental, regional y nacional”.

Al hacer público dicho documento, los líderes de las ONG hicieron otras propuestas que deberían ser aplicadas de inmediato por el Gobierno de la República, tales como establecer que el sueldo máximo de los funcionarios gubernamentales sea equivalente a veinte salarios mínimos y que se les supriman o reduzcan los privilegios adicionales en forma de dietas, “indemnizaciones”, gastos confidenciales, etc.; que se invierta en la educación recursos equivalentes al siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); que el salario mínimo de los trabajadores sea suficiente para adquirir una canasta básica de 53 productos, etcétera.

Es muy difícil que las propuestas de las ONG sean aceptadas —al menos por ahora— por el gobierno y los partidos políticos, que son los que podrían implementarlas. Pero en todo caso constituyen una valiosa contribución del sector de la sociedad civil que ellas representan, por lo menos para que haya un amplio debate nacional sobre las políticas públicas que se necesita adoptar y aplicar con el fin de encarar y resolver los problemas fundamentales de la nación.

En realidad, es muy importante que la sociedad civil en términos generales y las ONG en particular, contribuyan a ese debate y que alimenten los programas de los partidos políticos y del gobierno, con posiciones y propuestas de genuino interés ético, social y humanitario, de carácter político pero alejadas de intereses y compromisos partidistas.

Vaclav Havel, el intelectual presidente de la República Checa quien sin dudas de ninguna clase es el más ético de todos los jefes de Estado de los países ex comunistas y post revolucionarios, asegura que “el elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la sociedad civil. Sin un fondo vivificante en forma de una sociedad civil de estructuración diversa, los partidos y las instituciones políticas se marchitan, pierden la inventiva y acaban convirtiéndose en aburridos grupos cerrados de profesionales de la política. La sociedad civil —agrega Havel— genera el verdadero pluralismo, y el pluralismo —que lleva a la competencia— trae la calidad. Depender exclusivamente de la capacidad de las autoridades del Estado o de los organismos políticos centrales para decidir siempre lo que hay que hacer y de qué manera hay que hacerlo, equipara al poder con la verdad, el concepto político más peligroso de este siglo”.

En realidad, por su propia definición jurídica y naturaleza social, las ONG tienen la obligación de poner énfasis en las opciones sociales y éticas, en los derechos básicos de las personas y en los principios fundamentales de justicia social, mas no en compromisos políticos propiamente dichos. Las ONG pueden e inclusive deben cuestionar los mecanismos del sistema social establecido que determinan el mantenimiento de estructuras económico-sociales e injustas y opresivas, así como impugnar las decisiones gubernamentales que provocan la extensión de la pobreza y la desigualdad social, pero bajo ninguna circunstancia deberían comprometerse con ningún partido ni movimiento político partidista.

Precisamente, el cuestionamiento más importante que se hace a algunas ONG, precisamente a las más importantes de ellas, es que se identifican demasiado a menudo con un determinado partido político (el FSLN) y con la ideología izquierdista, y que en general no son suficientemente transparentes en la administración de los recursos que reciben por vía de la cooperación externa, que suman alrededor de 90 millones de dólares anuales.

La credibilidad de las ONG y la confianza de la sociedad en sus actividades y propuestas dependen incondicionalmente de que sean verdaderamente independientes de cualquier partido político, y que sus asuntos administrativos y financieros los manejen con la transparencia e integridad que con toda razón ellas mismas le exigen a las autoridades gubernamentales.  

“La Nicaragua que queremos”