La función legislativa, como todas las funciones públicas, está determinada tanto por disposiciones legales y jurídicas como por principios éticos, entre otros, el de que no se debe legislar en beneficio propio.

Pues bien, este principio ético esencial de la función legislativa ha sido violado por la Asamblea Nacional, al legislar que de los ingresos que obtenga el Estado por la venta de una parte de la Empresa Nicaragüense de Teléfonos (Enitel), 10 millones de dólares deberán ser distribuidos entre los diputados para “ejecutar proyectos sociales”, o sea para promover la imagen política de sus partidos y de ellos personalmente, sobre todo de los que aspiran a continuar ocupando los asientos parlamentarios.

En efecto, tal como se recordó en una información de LA PRENSA, el martes recién pasado, la Asamblea Nacional, al reformar la Ley de Privatización de Enitel estableció en el acápite 5 del artículo 50 que el equivalente a 10 millones de dólares de lo que produzca la venta parcial de la empresa pública de comunicaciones “será distribuido en partes iguales por cada diputado para la ejecución de proyectos sociales”.

Por supuesto que los diputados dejaron a un lado sus diferencias políticas e ideológicas, y con mucho entusiasmo se han mostrado de acuerdo en participar en el aprovechamiento de los recursos que produzca la venta parcial de Enitel, la que se debió haber vendido desde hace por lo menos 4 años pero su privatización se ha suspendido en varias ocasiones por diversos problemas, inclusive escándalos de corrupción. Ahora se ha anunciado que el proceso de licitación para la venta parcial de Enitel se abrirá a mediados del corriente mes de julio, o sea que coincidirá con el inicio oficial de la campaña electoral y con el interés de los diputados en “ejecutar obras sociales” que les permitan ganar simpatías entre los electores.

La justificación más importante a este caso de aprovechamiento de la función parlamentaria para legislar en provecho propio, la dio el diputado liberal Iván Escobar Fornos (quien muy pronto podría ser escogido por la Asamblea Nacional como nuevo magistrado del PLC en la Corte Suprema de Justicia), al explicar que esa asignación es para que el dinero pueda llegar directamente al pueblo nicaragüense. “Lo que hay que hacer es controlar esas inversiones para que no haya abusos, hay que controlarlo todo”, justificó el prominente diputado liberal, ex presidente de la Asamblea Nacional, quien es un reconocido jurista y escritor de varios libros de derecho que son textos de estudio en las universidades.

Pero el problema no es el control de cómo y en qué se invertirán los 10 millones de dólares que por mandato de ley se apropiarán los diputados por la venta parcial de Enitel, lo que vendría a ser como una comisión para los legisladores. En realidad, aparte de que ya se sabe cómo funcionan —o más bien, cómo no funcionan— los controles sobre algunos aspectos del gasto público, el hecho es que al legislar en beneficio propio los diputados mancillan uno de los más sagrados principios éticos de la función parlamentaria, como es el de no legislar en beneficio propio.

Además, ¿es que no son suficientes para los diputados los 30 millones de córdobas que se asignan anualmente para financiar sus acciones propagandísticas? ¿Y de dónde sacan los diputados —a quienes les gusta que se los llame “honorables” pero no hacen nada o hacen muy poco por ganarse esa dignidad—, que es atribución de los parlamentarios “la ejecución de proyectos sociales”?

Las atribuciones de la Asamblea Nacional, y por lo tanto de los diputados, están señaladas en el artículo 138 de la Constitución Política de la República, pero en ninguno de sus 32 incisos se incluye la de ejecutar proyectos sociales. De manera que el abuso de apropiarse —para beneficio personal o provecho político— de 10 millones de dólares de lo que produzca la venta parcial de Enitel, no sólo viola el principio ético de la función parlamentaria de que no se debe legislar en beneficio propio, sino que también es un acto inconstitucional de la Asamblea Nacional, la que irónicamente tiene bajo su custodia el texto original de la Constitución Política de la República.  

Legislar en beneficio propio