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MIéRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2001 / EDICION No. 22289 / ACTUALIZADA 01:32 am

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Llamado internacional a estrechar cooperación contra la coca

.El Plan Colombia es la base de este esfuerzo de toda la comunidad latinoamericana

AFP

VIENA.- La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, pide a los países de América del Sur que “cooperen estrechamente con el gobierno de Colombia en la ejecución del Plan Colombia”, en su informe anual difundido ayer en Viena.

El Plan Colombia, que busca financiar la lucha antinarcóticos, las negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas y el desarrollo socioeconómico de las regiones con cultivos ilícitos, tiene un costo de 7,500 millones de dólares, de los cuales Washington aporta 1,300 millones, especialmente en ayuda militar.

Al indicar que el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana aprobó dicho plan tras un “minucioso examen”, precisa que el mismo contiene una “amplia estrategia para combatir la fabricación y el tráfico ilícito de droga”. En tanto, las guerrillas colombianas se oponen tajantemente al componente militar del plan antinarcóticos, por considerar que supone una intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia, agravará el conflicto armado interno, dañará el ecosistema con las fumigaciones cocales y provocará un éxodo de campesinos hacia los vecinos Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

“Estados Unidos -apunta más adelante el documento- aportará una contribución importante que se aplicará a las actividades de represión y a los aspectos sociales del Plan”, añadiendo que “parte de esa suma se aplicará a las actividades de apoyo en países vecinos”. El blanqueo de dinero es “una creciente amenaza” para los países del Caribe y aunque el informe indica que “la mayoría de los países de la subregión cuentan con legislaciones contra el blanqueo de dinero” los alienta a “que esas leyes se apliquen efectivamente”.

Finalmente, precisa que la JIFE ejerce la práctica de la “diplomacia discreta” para determinar los “puntos débiles” y la aplicación de trabados de fiscalización internacional de droga, y que en ese marco, en el 2000 envió misiones a El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay.  
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