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MIéRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2001 / EDICION No. 22282 / ACTUALIZADA 02:00 am

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Reportaje Investigativo: Caso 380, expediente abierto
Comisión Investigadora “dobló su rey”

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.El cardenal Obando puso en duda la sinceridad del gobierno por llegar al fondo

Bermúdez imparte instrucciones militares a sus soldados, en la base militar Las Veguitas, Honduras, en los mejores momentos de la guerra civil de los años ochenta. A la par, un fragmento de la carta que 3-80 envió antes de morir al Cardenal Miguel Obando y Bravo, donde responsabiliza de su muerte a los sandinistas. LA PRENSA/ARCHIVO.

 

José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni

El doctor Eduardo Rivas, miembro de la Comisión Especial Investigadora que conformó en ese entonces el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, dijo a una misión del Comité Senatorial de Estados Unidos que la Comisión se había disuelto “disgustada” debido a la falta de cooperación de la Policía Nacional, “y porque fue evidente que el gobierno de Chamorro no tenía ganas muy serias de esclarecer el asesinato de Bermúdez”.

El Cardenal Miguel Obando y Bravo confirmó al mismo personal del Comité Senatorial, en julio de 1991, que tenía dudas sobre la sinceridad del compromiso del gobierno de Chamorro de resolver la muerte de Bermúdez, de acuerdo al informe oficial que se le presentó al poderoso Jesse Helms.

El Cardenal dijo en esa ocasión que “no ha habido ninguna investigación del asesinato de Bermúdez durante el año pasado y nadie en el gobierno nicaragüense habla de este caso ya”, según copia del informe Helms.

El Comité Senatorial fue creado y enviado a Nicaragua en diciembre de 1991 por el Senador Jesse Helms, republicano de más rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien quería revisar in situ la situación de la democracia en Nicaragua antes de aprobar el desembolso de ayuda financiera para 1992.

Helms puso a cargo de las investigaciones al siguiente personal republicano de Relaciones Exteriores: Deborah L. De Moss, Directora de Asuntos Interamericanos para los Republicanos; G. Garret Grigsby, Thomas Kleine, Claudio Thiermann y; Elizabeth De Moss.

COMISION OFICIAL

El 11 de marzo de 1991, la presidenta Chamorro firmó el Acuerdo Presidencial No. 90-91, para establecer una Comisión Especial Investigadora para ayudar y vigilar la investigación policial del asesinato de Bermúdez.

Chamorro nombró como miembros de la comisión a Felipe Sánchez (representante personal del Cardenal Miguel Obando y Bravo); Eduardo Rivas Gasteazoro, presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos; abogado Orlando Buitrago y a Luis Adán Fley González (ex Comandante Johnson de la Resistencia), quien sus últimos dos años de guerra fue fiscal de derechos humanos en la Contra.

Al principio la Comisión tenía el apoyo de la señora Chamorro, pero la Comisión Internacional de los Derechos Humanos confirmó que desde sus comienzos la Comisión adolecía de limitaciones severas.

La comisión carecía del poder de citar y comparecer, no podía enjuiciar y estaba subordinada a la Policía Nacional. El acuerdo presidencial dispuso que la Comisión debía “procurar no entorpecer u obstaculizar las actividades en las investigaciones” oficiales.

PIDEN AYUDA AL FBI

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 1991 reconoció al gobierno Chamorro por haber pedido ayuda al FBI de los Estados Unidos. Sin embargo, cada petición del Gobierno de Nicaragua tuvo que ver sólo con los sospechosos que viven en los Estados Unidos.

En su informe final, el 1 de noviembre de 1991, la Comisión Especial Investigadora específicamente pidió ayuda técnica, notando que en Nicaragua no había suficiente capacidad técnica, material ni humana para resolver el caso.

“En Nicaragua no existen los elementos humanos ni materiales para un examen de naturaleza tan compleja por lo que mantenemos nuestra convicción que para el presente caso (el de Enrique Bermúdez) se hace necesario asistencia técnica altamente especializada en toda la investigación, lo que no se ha logrado”.

Poco después vendrían las dudas sobre el real apoyo gubernamental que estaba recibiendo la Comisión y el propio Cardenal Obando puso en duda la sinceridad del gobierno en resolver el caso.

Con Obando dando por finalizadas las esperanzas de resolver el caso, más la Comisión Investigadora doblando su rey, sólo quedó una persona tras las pistas del caso: “Johnson”, quien por solicitud de la familia doliente, insistió en las investigaciones, las que años después calificó “como basura”.  
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