La propuesta conservadora
El Partido Conservador (PC) se reúne hoy con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para presentarle una propuesta de reformas a la Ley Electoral. Como es sabido, los liberales invitaron el mes pasado a los conservadores a considerar la posibilidad de conformar una alianza entre sus dos partidos para concurrir unidos a las elecciones nacionales de noviembre del año en curso. El PC respondió diciendo que antes de sentarse a discutir tal posibilidad, debe primero reformarse la Ley Electoral. El PLC, por su parte, manifestó estar anuente a considerar la propuesta de los conservadores.
La Ley Electoral actual es producto del pacto libero-sandinista que se consumó con las reformas constitucionales de enero del 2000. Aún cuando dicha legislación contiene algunos elementos positivos, tal como el otorgamiento del financiamiento estatal a los partidos políticos hasta después de las elecciones y condicionado a la obtención de cierto porcentaje de los votos válidos, lo cierto es que son muchos más los aspectos negativos que contiene. Existe un amplio consenso entre analistas nacionales e internacionales que la ley es rígida y excluyente y que dificulta la participación ciudadana con el claro objetivo de favorecer un bipartidismo forzado en el que prácticamente tienen cabida sólo las organizaciones políticas pactistas: el PLC y el FSLN.
Una cuidadosa lectura del anteproyecto de reforma que presentarán hoy los conservadores, pone de manifiesto que si fuera aprobado eventualmente por la Asamblea Nacional, quedarían subsanados muchos de los defectos que ahora contiene la Ley, y haría que se abrieran los espacios de participación ciudadana que la última reforma cerró. Partidos como el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Nacionalista (PLN) que perdieron su personería jurídica en el arbitrario y subjetivo proceso de verificación de firmas, la recuperarían. Se recuperaría asimismo el derecho de presentar candidatos por suscripción popular para las elecciones de alcaldes y vicealcaldes, concejales y miembros de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.
Desde un punto de vista de equidad, la propuesta de reforma es correcta, ya que beneficiaría por igual a todas las organizaciones políticas en sus posibilidades de establecer alianzas. Algunos partidos que actualmente temen entrar en alianzas debido a la facilidad con la que pueden perder su personería jurídica bajo la Ley vigente, perderían tal temor y considerarían la posibilidad de conformarlas.
El PLC ha dicho que sólo cuenta con 36 votos seguros que podría aportar a la hora de votar por la reforma, y que es necesario que el PC obtenga los otros 21 que harían falta. Se supone que esos 21 votos provendrían de las bancadas no sandinistas, y de acuerdo a lo que han manifestado algunos miembros de esas bancadas, no tendrían inconveniente en apoyar la reforma propuesta por los conservadores. Irónicamente, es la bancada de la Alianza Conservadora, conocida como los ALCONES, la que menos disposición ha mostrado hasta ahora para apoyar dicha reforma, aunque hasta el momento tampoco ha manifestado una negativa categórica. De hecho, incluso, no vemos en el articulado de las reformas propuestas ninguna razón de fondo para que el mismo Frente Sandinista no las apoye, salvo que quisiera oponerse para dificultar o impedir una posible alianza entre liberales y conservadores, aunque si esa es la razón para oponerse a una Ley que vendría a ampliar la posibilidad del ejercicio democrático, el FSLN debería decirlo claramente.
En realidad, la propuesta de reforma podría haber ido más allá y bajar el porcentaje de firmas necesario para la conformación de un partido político, así como también el porcentaje de votos que hay que obtener en las elecciones para preservar la personalidad jurídica. En México, por ejemplo, el porcentaje de firmas requerido para organizar un partido es del 0.13 por ciento, mientras que en Nicaragua es del 3 por ciento. Asimismo, el porcentaje de votos que en México hay que lograr en las elecciones a efecto de mantener la personería jurídica es de un 2 por ciento, mientras que en Nicaragua es del 4 por ciento.
Aún así, la reforma propuesta por los conservadores es oportuna, equitativa y necesaria para reparar un poco el daño que los pactistas han hecho a la democracia. 
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