Venta de Nicalit podría ser anulada
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, autorizó en agosto del año pasado la venta de 5 mil 632 acciones que el Estado tenía en la empresa Nicalit S.A. La venta fue por un millón 126 mil 400 dólares a los socios suizos de Nicalit Holding S.A.
El vicepresidente de la Contraloría General de la República, Francisco Ramírez, confirmó a LA PRENSA que una auditoría especial sobre el caso está casi terminada y que existe un borrador de la misma que podría ser dado a conocer antes de que termine esta semana.
“Tenemos un proyecto de resolución sobre la venta de cinco mil y resto de acciones que la Cementera Nacional tenía en Nicalit a una empresa”, dijo Ramírez.
El borrador del informe de la Contraloría indica entre otras cosas que la venta de las acciones podría ser declarada nula, según conoció LA PRENSA.
VIOLARON LEY 169
Al vender las acciones la Junta Directiva de la Cementera habría violado la Ley de Disposiciones del Estado y Entes reguladores de los Bienes Públicos o Ley 169, que fue reformada por la Ley 204, misma que establece que la venta de todo bien del Estado con montos superiores a los 200 mil córdobas debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
Entre las personas que habrían violado dichas leyes se menciona a los miembros y ex miembros de la Junta Directiva de la Cementera, Iván Morales Carazo, Oscar Martínez Campos, Ronald Baltodano Rizo, Gustavo Narváez Picado, Gabriel Levy Porras y José Marenco Cardenal.
De acuerdo a fuentes de la Cementera Nacional la venta de las acciones se aprobó en acta de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, número 328 del 26 de abril de 1999, se formalizó en julio del 2000, entregando la misma en agosto de ese año.
En su momento, dijeron las fuentes consultadas, la Contraloría General de la República se pronunció sobre el estatus jurídico de la Cementera, señalando que antes de proceder a vender las acciones, ésta se debió ajustar a los procedimientos establecidos en la Ley 169.
LUZ VERDE CON DICTAMEN DE LA PROCURADURIA
Además, los funcionarios de la Cementera basaron la venta de las acciones del Estado en la Nicalit en un dictamen jurídico de la Procuraduría General de Justicia del día dos de febrero de 1999.
El mencionado dictamen de la Procuraduría dice: “que la Compañía Nacional de Cemento Sociedad Anónima, es una empresa mercantil con participación pública. Ella ejerce sus funciones, administra y desarrolla las actividades propias de su giro comercial en la forma en que está establecido en su escritura de constitución, sus estatutos y el régimen mercantil vigente en Nicaragua. Una de las principales consecuencias que derivan de la personalidad jurídica de toda sociedad anónima es la existencia de un patrimonio exclusivo de la sociedad, independientemente del particular de cada uno de los accionistas”.
Como consecuencia de ese dictamen los miembros de la Junta Directiva de la Cementera incumplieron los procedimientos establecidos en la Ley 169, y ejecutaron la negociación.
MULTIPLES VERSIONES SOBRE EL NEGOCIO
La Contraloría inició la auditoría para tener seguridad legal acerca de lo actuado por la Junta Directiva, según informe de la auditoría interna de la Compañía Nacional Productora de Cemento, de junio del 2000 relacionado con la venta de las 5,632 acciones, que la Cementera poseía en NICALIT.
- En la declaración brindada a la Contraloría, Gabriel Levy dijo que lo que él hizo fue ratificar y ejecutar la venta de una cosa que estaba previamente aprobada por la Junta Directiva de 1998 y que la transacción fue en base a una consulta evacuada por la Procuraduría General de Justicia
- José Marenco por su parte dijo a los auditores de la Contraloría que la venta de las acciones se debió a una sentencia del Tribunal de Apelaciones Sala Civil de Managua y la resolución número 334 de la Corporación Nacional del Sector Público en la que expresa que cesa la participación accionaria de la COIP en la Cementera, y que esta es una Sociedad Anónima. 
|
