No hay duda de que la sentencia que un juez de la Florida dictó el lunes pasado contra una pareja nicaragüense encontrada culpable de torturar a su hijo de 12 años de edad es dura. Ricardo Dávila, padre del niño torturado, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 40 años, y su esposa y madre del niño, Josefa Dávila, fue condenada a 89 años de prisión, lo cual para efectos prácticos equivale a una cadena perpetua.

La sentencia es dura, pero muy difícilmente puede argumentarse que sea injusta. El hijo del matrimonio Dávila –que también se llama Ricardo como su padre– fue literalmente torturado por sus progenitores. Estos le arrancaron uñas de los pies, lo encerraron en el baño, desnudo y con un balde en la cabeza, vendado y maniatado. Lo obligaron a comerse su propio vómito, a comer comida podrida y cáscaras de huevo. Le fracturaron huesos de la cara, de las manos y costillas. Le golpearon la cabeza contra las paredes, etcétera.

La sentencia, repetimos, es dura, pero vemos que el castigo que recibió el pequeño Ricardo de manos de sus propios padres es inhumano. Durante el juicio, éstos alegaron que jamás desearon torturarlo y que sólo querían corregirlo para evitar que el día de mañana se convirtiera en un delincuente. Una excusa inaceptable. No puede haber razón alguna para justificar la tortura en un ser humano, y más aún cuando se trata de un menor de edad como en este caso.

Tan es así, que los defensores de Ricardo y Josefa Dávila trataron de convencer al juez de que lo hecho por sus defendidos es una práctica “aceptable” en Nicaragua. Es común y corriente que los abogados defensores recurran a cualquier expediente para lograr un veredicto absolutorio para sus clientes. Pero esta vez los abogados fueron demasiado lejos al intentar presentar a todo el pueblo nicaragüense –falsamente, por supuesto– como practicante regular de acciones bárbaras. No dudamos que en nuestro país, como en cualquier otro, haya personas que, como los Dávila, sean crueles con sus hijos, pero, afortunadamente, ellas no son más que una ínfima minoría. También es cierto que por incompetencia investigativa y judicial algunos de estos casos jamás se descubren o quedan impunes, pero nadie puede negar que cuando actos de este tipo son conocidos, los autores atraen sobre ellos la más enérgica condena de toda la sociedad. De ahí que lo alegado ante el juez por esos abogados estadounidenses, ya sea por ignorancia o con mala intención, es una vulgar mentira que ofende a todos los nicaragüenses, de aquí y de allá, y que, por lo tanto, la rechazamos categóricamente.

Lo ocurrido en la familia Dávila es ciertamente una tragedia que afecta a todos sus miembros. Pero lo drástico de la sentencia no hace más que enfatizar la gravedad del delito cometido. Cierto es que el Estado no tiene derecho de impedir que los padres corrijan a sus hijos. Sólo en los regímenes totalitarios la patria potestad es conculcada por el Estado. Pero una cosa es corregir y otra muy distinta es torturar, y en toda sociedad civilizada el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos contra las agresiones injustas de terceros, y en este caso, en el que un menor estaba siendo atacado y torturado por sus propios padres, hizo bien en actuar como lo hizo.

Sería ideal que una buena educación de los padres fuera suficiente para evitar tratos crueles e inhumanos como el que sufrió el pequeño Ricardo. Y es muy probable que la educación reduzca la ocurrencia de esos hechos. Pero tenemos que ser realistas y estar conscientes de que siempre habrá padres que actúen como lo hicieron los Dávila con su pequeño hijo. En esos casos no queda más camino que aplicar la ley en todo su rigor. La sentencia aplicada a la pareja nicaragüense en el Estado de Florida será apelada próximamente. Es posible que sea reducida, pero en todo caso, debe ser lo suficientemente dura y ejemplar como para disuadir a otros padres de familia de hacer algo parecido.  

Castigo inhumano