El Frente quiere otro pacto
El pleito del FSLN contra los magistrados liberales del Consejo Supremo Electoral —a los que acusó ante los tribunales de haber proclamado ilegalmente a los electos el 4 de noviembre, porque, supuestamente, cuando adoptaron la resolución no había en el Consejo el quórum señalado por la ley—, es más una acción política que un recurso jurídico.
De igual manera es política la resolución que dictó el miércoles de esta semana el Tribunal de Apelaciones de Managua —en el que dos de sus tres magistrados son sandinistas—, al ordenar “la suspensión de todos aquellos actos derivados de la proclamación que no han sido aún consumados... en razón de la aparente falta de quórum existente en la resolución recurrida, específicamente la acreditación y toma de posesión de los cargos para los que fueron electos en los comicios generales del cuatro de noviembre dos mil uno, de Diputados Nacionales, Departamentales y Regionales, Propietarios y suplentes ante la Asamblea Nacional, Diputados Propietarios y suplentes ante el Parlamento Centroamericano, para que ejerzan sus cargos de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley Electoral, así como los demás actos consecuentes derivados de la resolución impugnada, en tanto no resuelva el fondo del Amparo la Honorable Sala Constitucional”.
En realidad, aunque la proclamación de los electos hubiera sido aprobada por el Consejo Supremo Electoral sin llenar el requisito del quórum, es obvio que el recurso de amparo de los sandinistas y la orden del Tribunal de Apelaciones de Managua son improcedentes, porque la proclamación de los electos es un acto típicamente electoral y la Constitución establece expresamente (artículo 173) que: “De las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”.
En efecto, aunque los magistrados sandinistas del Tribunal de Apelaciones de Managua aseguren en su acuerdo del miércoles pasado que el recurso del FSLN y la orden de ellos mismos no afecta los resultados de las elecciones del 4 de noviembre, sino que se refiere a la falta de quórum que no es un acto electoral sino administrativo, la verdad es que sus efectos podrían impedir que los electos tomen posesión de sus cargos en las fechas constitucionalmente establecidas. Y eso no es materia administrativa sino electoral; inclusive, es la esencia misma del acto electoral.
Ahora bien, ¿qué pretende el FSLN con estas acciones “legales” encaminadas a perturbar o impedir la toma de posesión de los representantes de la nación que fueron electos el 4 de noviembre? Es obvio que la pretensión del FSLN es demostrar —en particular al Presidente electo, don Enrique Bolaños— que el sandinismo es un factor determinante para la gobernabilidad o la ingobernabilidad del país —aún sin asonadas callejeras, pero ahora con “asonadas jurídicas”, según la caracterización de don Emilio Álvarez en su artículo de opinión que publicamos en esta misma edición—; segundo, advertirle al Presidente electo que no debe tratar de revertir el pacto libero-sandinista que le otorgó cuotas fundamentales de poder al FSLN; y tercero, forzar una negociación con el gobierno entrante, para tratar de revalidar el pacto y arrancarle otras concesiones políticas y económicas.
El FSLN comenzó a implementar esta estrategia inmediatamente después de que pasaron las elecciones del 4 de noviembre, cuando el líder sandinista derrotado en los comicios, don Daniel Ortega, reconoció la victoria electoral de Bolaños pero al mismo tiempo le advirtió que para mantener la estabilidad política del país tendría que tomar en cuenta en su gobierno el programa de la convergencia nacional, o sea del Frente Sandinista. En aquella ocasión opinamos editorialmente —“Desde abajo o desde adentro”, lunes 12 de noviembre de 2001—, que esa exigencia del FSLN equivalía ni más ni menos a una nueva versión de la estrategia de “gobernar desde abajo” que el partido sandinista aplicó en 1990, después de que perdió las elecciones y tuvo que dejar de gobernar “desde arriba”.
Pero las pretensiones del FSLN son absolutamente inaceptables y la Corte Suprema de Justicia debería revocar cuanto antes la resolución del Tribunal de Apelaciones, porque los electos el 4 de noviembre elegidos están, y nada debe impedir que tomen posesión el 9 y 10 de enero próximos. 
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