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JUEVES 6 DE DICIEMBRE DEL 2001 / EDICION No. 22574 / ACTUALIZADA 02:00 am
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Corte se pronunciará la próxima semana

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.Magistrado judicial Rafael Solís asegura que a más tardar el 12 de diciembre, el Poder Judicial dirá si admite o rechaza el recurso
.Los magistrados liberales del CSE tienen diez días para remitir informe sobre el caso del quórum

 

Consuelo Sandoval
Ary Neil Pantoja
politica@laprensa.com.ni

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, aseguró ayer que la Sala Constitucional deberá pronunciarse a más tardar el próximo 12 de diciembre, si confirma o rechaza la admisión del recurso interpuesto por tres de los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), contra la resolución de la proclamación de candidatos electos del pasado 21 de noviembre, y la designación de escaños parlamentarios.

El Tribunal de Apelaciones ordenó ayer la suspensión de los actos no consumados derivados de la proclamación de los candidatos electos, luego de aceptar el recurso de amparo interpuesto el viernes pasado por los magistrados sandinistas del CSE, Emmett Lang, José Villavicencio y José Miguel Córdoba.

Solís explicó que inicialmente el caso es remitido por el Tribunal de Apelaciones a la Sala Civil de la CSJ, cuyas autoridades lo trasladan a un magistrado de la Sala Constitucional, donde se deberá estudiar el fondo del asunto y emitir un proyecto de sentencia que posteriormente es aprobado o rechazado por los nueve magistrados que integran esa instancia judicial.

DEBERÁN EMITIR INFORME

Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones, los cuatro magistrados, Roberto Rivas, Silvio Calderón, Mauricio Montealegre y Jorge Incer Barquero, tendrán diez días para rendir un informe ante la CSJ, después de notificados del fallo de Apelaciones, precisó.

Advirtió que si el recurso es rechazado, automáticamente el proceso queda cerrado. En caso de ser admitido, se continúa el trámite normal y se da participación a los recurridos, recurrentes, y la Procuraduría General de Justicia, expresó.

El magistrado sandinista del Consejo Supremo Electoral (CSE), Emmett Lang, dejó abierta la posibilidad de que el presidente electo, Enrique Bolaños, se vea imposibilitado de tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero, si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se retrasa en su resolución sobre el recurso de amparo contra los resultados electorales oficiales.

Tras aceptar el recurso de amparo, la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, remitió el caso a la Sala Constitucional de la CSJ para que los magistrados de la misma emitan una resolución definitiva. Mientras tanto, la entrega de credenciales a los diputados nacionales y departamentales electos para la próxima Asamblea Nacional, así como su toma de posesión, están suspendidos.

Es con base en esta resolución que el magistrado del CSE, Emmett Lang, basó la posibilidad de que si la CSJ se retrasa en su fallo, los diputados electos no podrán asumir el cargo el nueve de enero, y, por tanto, no habría elección de Junta Directiva y el presidente del Parlamento no impondría la banda presidencial al nuevo mandatario.

La resolución del Tribunal de Apelaciones decreta “la suspensión de todos aquellos actos derivados de la proclamación que no han sido aún consumados a partir de la notificación de la tramitación del recurso en razón de la aparente falta de quórum existente de la resolución recurrida...”. Los actos aún no consumados, según el fallo, son la acreditación y toma de posesión “de los cargos para los que fueron electos en los comicios generales... de diputados nacionales, departamentales y regionales, propietarios y suplentes ante la Asamblea Nacional y diputados propietarios y suplentes ante el Parlamento Centroamericano... así como los demás actos consecuentes derivados de la resolución impugnada, en tanto no resuelve el fondo del amparo la honorable Sala Constitucional”, señala la resolución.

RECHAZAN ACUSACIÓN

Por otro lado, la jueza Quinto de Distrito del Crimen, Ángela Dávila, rechazó finalmente la acusación que por el supuesto delito de prevaricato, el FSLN había introducido contra los magistrados Roberto Rivas y Silvio Calderón, presidente y vocero del CSE, respectivamente.

En un inicio, la jueza Dávila había aceptado la acusación la semana pasada, pero el martes ordenó “revocar y dejar sin efecto” la acusación presentada contra Rivas y Calderón, por “falta de competencia y jurisdicción” para procesarlos porque gozan de inmunidad, según se conoció ayer.

Las acusaciones que por el mismo delito se habían interpuesto contra los magistrados Jorge Incer y Mauricio Montealegre, fueron rechazadas por los Juzgados Segundo y Séptimo de Distrito del Crimen, cuyos titulares argumentaron la inmunidad de que gozan los acusados.  
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