Hoy comienza oficialmente la campaña electoral para las votaciones del próximo 4 de noviembre, en las que se elegirá al presidente y vicepresidente de la República para el período de 2002 a 2007, así como a 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, todos ellos con sus respectivos suplentes.

Pero la verdad es que la campaña electoral comenzó, de hecho, desde principios de este año, pues el período oficial de campaña de 75 días que establece el artículo 86 de la Ley Electoral es una simple formalidad jurídica que nadie respeta. Esta violación a la ley sería inaceptable en cualquier país donde impera un eficaz estado de derecho, pero es irrelevante en Nicaragua, donde los dos partidos que controlan el Consejo Supremo Electoral (CSE) interpretan las leyes como quieren, dictan y cambian las reglas según sus particulares conveniencias y comienzan las campañas cuando ellos mismos lo deciden.

Sin embargo no es eso lo más preocupante en este comienzo oficial de la campaña electoral, en el que habrá concentraciones políticas de los liberales en Matiguás, Departamento de Matagalpa; de los sandinistas en Puerto Cabezas, Región Autónoma del Atlántico Norte; y de los conservadores, en El Almendro, Departamento de Río San Juan, donde supuestamente los tres candidatos presidenciales darán a conocer de forma oficial sus programas de gobierno. Aunque tampoco lo más importante es el contenido de los programas de los partidos que son todos iguales, y por lo tanto, como dicen los obispos en su documento sobre las elecciones, lo que debe hacer cada elector es diferenciar la mala o buena calidad personal de los candidatos.

En realidad, lo más preocupante al comenzar esta campaña electoral es la bancarrota económica, política y moral del CSE, que siendo el órgano institucional encargado de organizar los comicios, velar por la pureza del sufragio y respetar y hacer que se respete el voto popular, sin embargo es una de las entidades que más desconfianza inspira a los ciudadanos. O sea que el cometido constitucional del CSE, de asegurar la eficacia y limpieza de las elecciones para fortalecer la estabilidad política del país, el funcionamiento correcto de las instituciones y la continuidad del sistema democrático de gobierno, está en manos de un organismo que no tiene credibilidad, que está minado por la desconfianza entre sus propios magistrados y que no tiene dinero ni siquiera para pagar el salario de sus empleados.

La situación es dramática. Según las informaciones brindadas por miembros del Consejo Supremo Electoral, este no tiene recursos económicos suficientes para garantizar los comicios del 4 de noviembre, mucho menos para organizar una eventual segunda vuelta electoral en caso de que fuese necesaria para dilucidar la competencia por el cetro presidencial, que es una posibilidad real si se considera la información que proporcionan las distintas encuestas sobre la intención de voto de los nicaragüenses.

Por otro lado, se conoce que más de 200 mil cédulas no fueron entregadas por el CSE, lo que motiva la sospecha y produce el temor de que alguno de los dos partidos que controlan los mecanismos electorales —o cada uno de ellos por su lado— pudiera estar preparando alguna acción fraudulenta, como por ejemplo repetir en grande la doble votación que se dio en algunos lugares durante las elecciones municipales del año pasado.

Las elecciones nacionales del 4 de noviembre serán las terceras que se celebren desde que comenzó la transición democrática de Nicaragua en 1990, y las primeras del siglo XXI y el III milenio. Pero éstas, por la avaricia de poder de las cúpulas políticas que controlan el Poder Electoral, en vez de fortalecer el proceso democrático podrían servir para dañarlo mucho más de lo que ya está dañado por la corrupción y el pactismo prebendario libero-sandinista.

De cualquier manera el gobierno central tendrá que resolver la crisis económica del CSE a fin de garantizar las votaciones del 4 de noviembre. Pero las garantías políticas de que sean honestas y sus resultados respetados por las cúpulas partidistas, sólo dependen de los mismos ciudadanos y de la presión de los organismos cívicos —nacionales e internacionales— de observación electoral.  

Recta final y CSE en bancarrota