La resolución más importante que se adoptó en la III Cumbre de las Américas —aparte de la decisión de que el acuerdo de libre comercio regional se comenzará a practicar en el año 2005—, es la “Cláusula Democrática”, o sea que sólo participarán en sus beneficios los países cuyos gobernantes sean elegidos democráticamente y que no promuevan ni sean producto de “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático”.

Esta resolución de la III Cumbre de las Américas -la cual, como es sabido, se celebró el recién pasado fin de semana en la ciudad de Quebec, Canadá, con la participación de 34 jefes de Estado y de Gobierno de América del Norte, América Central y el Caribe, y América del Sur-, deja fuera de la participación en los beneficios del libre comercio al régimen comunista de Cuba, y es como una advertencia al gobierno venezolano del coronel Hugo Chávez, quien fue elegido democráticamente pero no oculta sus actitudes autoritarias y pretensiones dictatoriales (por cierto que el Presidente Chávez dejó expresada una posición de reserva a la Declaración de Quebec).

Por otro lado, en la Declaración de Quebec no se incluyó la propuesta del Presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, de que la Convención Americana Contra la Corrupción sea aprobada a más tardar en el año 2002. Es obvio que algunos gobernantes democráticos de la región, que son bastante “liberales” en el manejo de los fondos públicos de sus países y no sólo se hacen de la vista gorda ante la corrupción sino que la promueven y son sus principales beneficiarios, no comulgan con semejante propuesta costarricense.

En realidad, así como la III Cumbre de las Américas aprobó la Cláusula Democrática para que ningún país cuyo gobierno no sea producto de elecciones libres ni esté gobernado democráticamente pueda participar en los beneficios del libre comercio y de otros acuerdos regionales, también se debería aprobar una cláusula de la honestidad gubernamental, a fin de excluir a los gobernantes corruptos.

La III Cumbre de las Américas rechazó el argumento de que cada país tiene derecho, por razones de “soberanía y autodeterminación nacional”, a establecer el “tipo de democracia” que quiera, porque no se puede justificar a gobiernos que supriman las libertades democráticas y que se nieguen a celebrar elecciones libres o hagan fraudes electorales. La comunidad internacional también ha rechazado la tesis de que los derechos humanos son competencia interna de cada país y un asunto de autodeterminación nacional, en el que nadie debe inmiscuirse. Entonces, también habría que declarar inaceptable el argumento de que la corrupción gubernamental es un asunto de cultura nacional y de competencia interna de cada país, porque es inmoral tolerar de manera impasible que los gobernantes corruptos exterminen a sus propios pueblos por medio del hambre, la insalubridad y la pobreza extrema, mientras acumulan enormes riquezas al amparo del poder y lucrándose de manera directa o indirecta con la cooperación extranjera.

Aprovecharse de los impuestos de los ciudadanos, de los beneficios de la magra producción nacional y de los recursos nacionales en general, para asignarse sueldos exorbitantes, cuantiosas dietas y otros privilegios, así como usar los recursos e influencias del Estado para incrementar patrimonios personales y familiares, para construirse carreteras y pistas de aterrizaje particulares, significa quitarle a los pobres el empleo, la comida, la salud, la educación y la vivienda. Y esa corrupción es tan condenable como la violación de los derechos civiles y la negación de elecciones libres.

La verdad es que si se aprobara una cláusula de honestidad para no conceder cooperación extranjera ni participación en los beneficios del libre comercio internacional a países cuyos gobernantes sean deshonestos, el problema de la corrupción se comenzaría a resolver.

Sin dudas que no será fácil aprobar en el futuro la cláusula de honestidad. Pero tarde o temprano se tendrá que adoptar, porque al fin y al cabo es tan importante como la Cláusula Democrática, pues una verdadera democracia sólo puede funcionar decorosamente en condiciones de transparencia y bajo la conducción de gobernantes eficientes y honestos.  

Cláusula de honestidad