El Presidente Arnoldo Alemán y otros prominentes miembros del Gobierno y del gubernamental Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se han pronunciado en los últimos días por la unificación de las elecciones de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica, que deben celebrarse en marzo del año 2002, con las presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo, a fin -dicen- de ahorrarle al país por lo menos 18 millones de córdobas (13.5 córdobas por dólar, según el cambio oficial).

El argumento sobre el ahorro de los 18 millones de córdobas pareciera razonable. En realidad, el país sigue atravesando por malas circunstancias económicas y sería lógico unir las dos elecciones para ahorrar esos casi millón y medio de dólares, que según el Presidente Alemán costarían las elecciones autonómicas del Atlántico. Sin embargo, dirigentes de otros partidos políticos, de oposición, aseguran que el interés real del Presidente Alemán y el PLC es que de nuevo haya una votación en cascada a favor de sus candidatos, como ocurrió en las elecciones de 1996.

Pero cambiar la fecha de las elecciones del Atlántico, para unirlas con las nacionales de noviembre, podría ser ilegal a menos que previamente la Asamblea Nacional reformara la Ley Electoral, que en su artículo 193 señala expresamente que “Las elecciones de los Consejos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Sur se llevarán a cabo el primer domingo del mes de marzo del año en que de conformidad con la ley deban tomar posesión”.

El magistrado liberal y vocero del Consejo Supremo Electoral, Silvio Calderón, declaró en un programa de televisión que a su juicio no sería necesario reformar la Ley Electoral, porque el artículo 193 de dicha ley es transitorio mientras que el artículo 3, que es permanente, dispone que “Las elecciones establecidas en la presente Ley, tendrán lugar el primer domingo del mes de noviembre del año anterior a la fecha en que de acuerdo con la Ley comience el período de los que fueron electos”.

Pero esa interpretación personal o partidista del magistrado Calderón podría ser discrecional, y en todo caso este asunto ameritaría una interpretación auténtica de la ley, que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución le corresponde sólo a la Asamblea Nacional.

Por otra parte, desde el punto de vista político es obvio que el Gobierno y el PLC cometerían un grave error si suprimieran las elecciones autonómicas programadas para marzo del año próximo, aunque fuera para unirlas con las presidenciales y parlamentarias de este año. La verdad es que los comicios en el Atlántico se celebran en forma separada de las otras elecciones precisamente porque son autonómicas. Y volver a empaquetarlas con las otras elecciones ofendería los sentimientos y la dignidad de la población costeña, porque les produciría la sensación de que de nuevo se les está subordinando al hegemonismo de las autoridades centrales del país.

Independientemente de cuál sea la opinión política que el Presidente de la República y su Partido Liberal Constitucionalista tengan acerca de la autonomía de las poblaciones de la Costa Atlántica, ellos deben respetar las leyes y disposiciones que regulan dicha autonomía, lo mismo que los sentimientos autonómicos de las y los costeños.

En un Estado de Derecho y democrático los asuntos nacionales no se deben manejar en función de las conveniencias y las inclinaciones ideológicas de ningún partido político, aunque sea el gobernante, sino de acuerdo con la ley y respetando la voluntad de los ciudadanos y de las comunidades que integran el pueblo nicaragüense, el cual es de naturaleza multiétnica como se define en el artículo 8 de la Constitución Política de la República.

En este sentido, se destaca la prudente posición del Presidente del Consejo Supremo Electoral, doctor Roberto Rivas Reyes, quien aseguró que no se puede cambiar la fecha de las elecciones de marzo de la Costa Atlántica para unirlas a las nacionales de noviembre, sin consultar y obtener el consentimiento de los ciudadanos costeños.

Así es como se deben hacer las cosas en un país democrático cuyas autoridades se subordinan a la ley, no al voluntarismo de las personas, ni siquiera de los gobernantes.   

Las elecciones del Atlántico