Convenios colectivos y elecciones
J. C. Santacruz*
Si una lección ha quedado clara ha sido la derrota sandinista de 1990. La dirección del FSLN actuaba confiada como si fuera a estar en el poder para siempre. Llegó el triunfo de la UNO y comenzaron las carreras para poner en regla lo que no había estado en diez años. Fue así que mientras unos trataban de legalizar humildes viviendas, otros se parapetaban en suntuosas mansiones, fincas valiosísimas, etc. El pueblo siguió siendo pueblo y unos cuantos cambiaron de status para convertirse en nuevos ricos de la noche a la mañana.
En realidad, nadie aprende de la experiencia ajena y fue así que después de 10 años de alcaldía liberal, ésta regresó por voluntad popular a manos de Herty Lewites, del FSLN. A partir de la derrota liberal lo que no se hizo en 10 años se pretendió hacer en unos pocos días. La historia se repite. Los resultados están a la vista, inventarios que no cuadran, faltantes de equipos pesados y livianos, muchos de ellos llevados hacia la Alcaldía de El Crucero, municipio en donde por casualidad vive el Presidente Alemán. Es una larga lista de irregularidades que sin duda deben poner los pelos de punta a la cooperación internacional.
En este contexto se han dado hechos que si no fueran trágicos para la economía de los managuas, podría asegurarse que serían cómicos. Tal es el caso del convenio colectivo impulsado a última hora por un alcalde suplente de suplentes, en el que se establecen beneficios para los empleados que llaman poderosamente la atención, si no fuera que también se autoincluyeron los empleadores. El precedente debe preocuparnos sobremanera, porque supongamos que esta situación ocurra en todos los ministerios y entes autónomos, ante un eventual triunfo del FSLN. La “generosidad sin límites” del gobierno arnoldista dejaría absolutamente en quiebra (más de lo que está) a todas las arcas del Estado, con tal de garantizar el futuro de sus correligionarios y familiares.
Ante tan peregrina idea, quisiera recordarles que existen procedimientos más sencillos y que no tienen nada que ver con la corrupción a la que me referí antes. Se trata de la institucionalización del país con la aprobación y promulgación de la Ley del Servicio Civil, para que de una vez por todas los empleados públicos dejen de ser rehenes de los políticos, las familias presidenciales y sus testaferros. Precisamente, al promulgarse la ley del Servicio Civil se estaría instaurando la carrera administrativa y dándole jaque mate a las expresiones de politiquería menor en donde el rencor y el estilo autoritario conllevan siempre al despido de los empleados públicos, cuando tienen la valentía de contradecir a los “poseedores de la verdad absoluta”.
Lo anterior se estaría ajustando a los preceptos del mundo moderno, y nos permitiría aprender a convivir, respetar las ideas de los demás y tomar conciencia de que somos servidores públicos de verdad. Estamos a tiempo de reflexionar y evitar la exclusión y el menosprecio por las ideas ajenas. Un país no debe funcionar como un centro de ajuste de cuentas, más bien debemos actuar desarrollando todas nuestras potencialidades para poder emerger de la pobreza. Si esto y otras cositas ocurren dejaremos de andar dando lástima por el universo solicitando que nos hagan el honor de declararnos pobres, pobrísimos de última categoría.
* El autor es sociólogo. 
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