Opinión
La crisis del Perú sigue sin resolverse
 | Dado el vacío constitucional en el Perú, la solución no puede ser estrictamente legal, pues ni el Congreso está integrado como se debe, ni Fujimori está autorizado para recortar el período presidencial. Por lo tanto, el nudo debe desatarse por arreglos políticos entre las partes |
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Emilio Alvarez Montalván
Nadie duda que Alberto Fujimori fue durante sus dos períodos consecutivos un gobernante efectivo. Baste decir que neutralizó a los terrroristas de Sendero Luminoso; acabó con las guerrillas rurales del narcotráfico; ordenó las finanzas públicas; dio al Perú gobernabilidad y estabilidad; firmó la difícil paz con Ecuador y últimamente liberó a sangre y fuego a los rehenes secuestrados en la Embajada del Japón en Lima.
Pese a esos antecedentes positivos, Fujimori cometió un error político que según Talleyrand es peor que un crimen: enamorarse ciegamente del poder público sin mirar el costo, yendo demasiado lejos. Empezó retirando de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Jurado de Elecciones, de la Comisión del Poder Electoral, a todo aquél que se opusiese a sus deseos de conseguir un tercer período. Por otra parte, falsificó un millón de firmas de adherentes a su candidatura; interrumpió temporalmente el flujo de informaciones en plena votación para acomodar computadoras; mantuvo bajo férrea censura a todos los medios televisivos. Finalmente utilizó el Servicio de Inteligencia Nacional para mantener bajo acoso a sus oponentes y para colmo desoyó las recomendaciones de la misión OEA de postergar la segunda vuelta por haber detectado graves irregularidades.
Sin embargo, el impacto negativo del famoso video filtrado por la marina peruana, obligó a Fujimori a dar un “golpe de escena” anunciando el recorte de su período antes que fuera demasiado tarde y el ejército se dividiera, exponiéndose a perder el poder. Dado que no es una renuncia, su estrategia es mantenerse en el mando hasta julio del 200l, presidiendo una transición bajo su tutela. Esa pretensión se comprueba al defender a Vladimir Montesinos, cuya destitución inmediata pide la oposición como asunto previo.
Esa postura de “me voy pero me quedo” es rechazada por el amplio sector disidente que lidera Alejandro Toledo, quien demanda elecciones dentro de cuatro meses y un gobierno “pro témpore” dirigido por una personalidad de prestigio e imparcial, como Santiesteban, “El Defensor del Pueblo”. Su punto es que Perú atraviesa por una crisis grave que no puede prolongarse mucho tiempo y cuyo manejo no puede dejarse en manos de un gobierno impopular.
En medio de esa pugna de quién controla la transición, está la misión de la OEA, presidida por Eduardo de la Torre, canciller de Republica Dominicana, quien procura que negocien directamente Toledo con Fujimori. Sin embargo, la capacidad de maniobra de la OEA es muy precaria. Así se demostró en la Asamblea habida en Canadá, donde solamente EEUU, Canadá y Costa Rica apoyaron la aplicación de la resolución que faculta a la OEA a actuar cuando se violan los valores democráticos, situación que el informe de Eduardo Stein evidenciaba.
Lo cierto es que dado el vacío constitucional en el Perú, la solución no puede ser estrictamente legal, pues ni el Congreso está integrado como se debe, ni Fujimori está autorizado para recortar el período presidencial. Por lo tanto, el nudo debe desatarse por arreglos políticos entre las partes. La pregunta de fondo es si la clase política peruana ya llegó a un grado de madurez para alcanzarlo.
En todo caso esta grave situación peruana pone en evidencia la fragilidad de la democracia en muchos países latinoamericanos, donde un caudillo sin escrúpulos que maneja el cohecho, toma ventaja de la falta de instituciones sólidas y de la dispersión de las fuerzas opositoras para quedarse en el poder, más allá del término legal.
* El autor es analistsa político, exministro de
Relaciones Exteriores 
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