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SáBADO 14 DE OCTUBRE DEL 2000 / EDICION No. 221561 / ACTUALIZADA 12:15 am
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Alemán veta reforma a Ley de la Contraloría

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.Dice que darle facultad de apremio corporal a CGR es violentar la jurisdicción del Poder Judicial

Arnoldo Alemán.

 

Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni

El Presidente de la República, Arnoldo Alemán, vetó parcialmente la Ley de Reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que fue aprobada el pasado seis de septiembre por la Asamblea Nacional, por considerar que algunos artículos de dicha reforma “afectan las libertades y garantías de las personas naturales y jurídicas en su ejercicio económico”.

Alemán también argumenta en el veto que el mismo es para fortalecer la institucionalización del sigilo bancario.

Asimismo vetó el numeral 32 del artículo 10 de la ley antes referida que contiene las atribuciones que le había asignado la Asamblea Nacional al ente fiscalizador, en cuanto a que podía solicitar a los bancos e instituciones financieras, informes relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y competencia.

El presidente de la República consideró que tal y como está redactado dicho artículo invade las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Bancos y demás instituciones financieras, cuyo funcionamiento está regulado por la ley de dicha institución.

El mandatario también argumentó que la reforma Parcial a la Constitución no estableció la facultad de solicitar a los bancos e instituciones financieras, informes relacionados con el ejercicio de sus atribuciones.

Alemán vetó la atribución que le facultaba la reforma a la Ley de la Contraloría de aplicar el apremio corporal a aquellas personas que se opongan a comparecer como testigo, declarante o exhibir documentos públicos o privados y efectuar la verificación de información y datos relativos a las declaraciones de bienes personales de los servidores públicos.

“Opino que esta disposición, tal y como se encuentra redactada, niega los derechos de las personas afectadas para que su caso sea revisado en cuanto a su “oportunidad” y “legalidad” por el tribunal ad-quem, lo que violenta la garantía constitucional del “debido” proceso, protegido y tutelado por los numerales 4 y 9 de la Constitución”, dice el texto del veto presidencial.

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