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VIERNES 13 DE OCTUBRE DEL 2000 / EDICION No. 22160 / ACTUALIZADA 12:45 pm.
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Sigue el sospechoso misterio

La auditoría de la venta de acciones y otras operaciones colaterales del Banic, que hizo la firma Arthur Anderson por encargo del Banco Mundial, sigue siendo un misterioso y sospechoso secreto de Estado. Lo único que se sabe es que hay cinco copias guardadas celosamente, y que el resumen ejecutivo (del cual pudimos obtener una copia que dimos a conocer) fue elaborado por el gobierno para salir de apuros, pero cuyo contenido es completamente anodino en relación con el contenido fundamental del informe de la auditoría.

Tratándose de un estudio que es de legítimo interés público conocerlo, resulta absurdo y además sospechoso que el gobierno lo mantenga en el misterio. La necesidad de divulgarlo es tanto más urgente cuanto continúa sin despejarse la denuncia pública de que hubo falta de transparencia en las operaciones que condujeron a la venta parcial de las acciones estatales del Banic.

Tan es así, que la Contraloría, a pesar de que está controlada por miembros del partido gobernante y aunque sea por lavarse la cara, solicitó al Ministro de Hacienda que le suministrara una copia del referido informe sobre la auditoría. Y ante la sorprendente y reiterada negativa del ministro, quien alega que si lo entrega violaría el sigilo bancario y que por lo tanto sólo lo entregaría si recibe una orden judicial, la Contraloría solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se pronunciara sobre el asunto.

Inclusive, ahora hasta el representante del Banco Mundial en Managua ha declarado que su institución entregaría con mucho gusto ese documento de valor público, pero que no lo puede hacer porque pertenece al gobierno de Nicaragua.

La Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, que también está controlada por diputados del partido de gobierno, junto con parlamentarios sandinistas, ha manifestado igual interés en conocer el informe de la firma Arthur Anderson, pero ha obtenido del Ministro de Hacienda la misma negativa. Varias citas cursadas a dicho funcionario para que comparezca ante la Comisión en referencia, tampoco dieron resultado positivo, porque el funcionario supuestamente se encontraba de viaje.

En todo caso, la Corte Suprema de Justicia se pronunció claramente en el sentido de que en cualquier entidad en la que haya fondos públicos, por el monto que sea, la Contraloría tiene facultad de intervenir para velar por su buen uso. De manera que en el caso de la auditoría del Banic no debería aplicarse la regla del sigilo bancario, porque transacciones que afectan a intereses del Estado no pueden encubrirse por ningún pretexto. Ese fallo de la Corte, que fue aprobado por unanimidad, debió bastar a la Contraloría para exigir judicialmente al Ministro de Hacienda el ineludible cumplimiento de lo resuelto por el supremo tribunal.

Lo raro es que la Contraloría, en vez de fundarse en el fallo de la Corte Suprema para insistir en que el ministro de Hacienda entregue el tantas veces mencionado documento de auditoría, pretende que ese trámite lo ejecute la misma Corte. Así se le sigue dando largas al asunto, o lo que es lo mismo, se eluden responsabilidades. La verdad es que tratándose de gente docta en el Derecho y la ley, es inaceptable esa excusa que pretende desconocer que la Corte sienta jurisprudencia emitiendo sentencias, y que su papel no es llevar y traer documentos.

Lo que cabría, para evitar que el asunto vaya para más largo, es que la Contraloría exija por la vía judicial que el ministro entregue el informe. Seguir aduciendo como pretexto el sigilo bancario y que si se da a publicidad la auditoria se dificultaría que inversionistas extranjeros adquieran el resto de acciones del Banic, aumenta la sospecha de que algo turbio que involucra a importantes personajes hubo en la venta de la primera parte de las acciones del Banic, y no sólo en la generosa repartición de créditos que provocó la crisis del antiguo banco estatal.

Y la verdad es que mientras no se aclare este misterioso y sospechoso asunto, ningún inversionista limpio se atrevería a adquirir las acciones del Banic que todavía pertenecen al Estado.  
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