Cenidh cree que falta voluntad política
Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
A pesar de lo que establece el artículo 36 de la Constitución, en lo referente al Respeto a la Integridad Física y Moral de las Personas, en el actual proyecto de “Ley de Reforma al Código Penal de Nicaragua” la tortura no está incluida como delito, por lo que esto es considerado una debilidad al no estar debidamente establecido en la legislación penal.
Según la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la tortura, además de constituir delito, está estipulada en la jurisprudencia internacional como un “crimen de lesa humanidad” y por lo tanto no prescribe en el tiempo.
Sin embargo, Núñez dijo que, aunque la tortura esté contemplada como delito en la Carta Magna nicaragüense, carece de legalidad por cuanto no está tipificada, ni estipulada una sanción específica en el Código Penal del país.
A juicio de Núñez, debe existir una ley específica en la que se tipifique la tortura como delito y se estipule su respectiva sanción o pena para quienes incurran en él, y esa ley es el Código Penal, de lo contrario no sirve de nada que esté contemplado en la Constitución.
“Aunque la Constitución Política lo establezca, si no se hace una ley, si no se tipifica como delito en el Código Penal, no puede ser sancionado”, reiteró.
Núñez agregó que “es contradictorio que la Constitución de la República, como la máxima ley del país, establezca que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes constituyen un delito y que en la Ley de Reforma al Código Penal, que aún no discute la Asamblea Nacional, no se incluya”, reiteró Núñez.
La presidenta del Cenidh dijo que no existe “voluntad política” de parte de los gobernantes nicaragüenses en ratificar y cumplir con los tratados internacionales que suscribe.
w Casi 300 denuncias por derechos humanos
Durante el primer semestre del año 2000, el Cenidh recibió 286 denuncias de violaciones a los derechos humanos. La institución más denunciada fue la Policía Nacional con 95. Se logró investigar 64 (67.3%), lográndose determinar que en 29 casos hubo violación a los derechos humanos (60.9%).
En una valoración, el doctor Bayardo Izabá, director del departamento jurídico del Cenidh, sostiene que en la mayoría de denuncias en contra de la Policía (más del 60%), fueron por maltratos o daños físicos y sicológicos. “No se podría decir que fuera tortura, pero sí tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, rayan en la tortura”, expresó. 
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