Reinserción enfrenta severos obstáculos
RAPHAELE BAIL
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Segunda entrega
Diez años después del desarme y la desmovilización, miles de ex combatientes –tanto de la Contra como de las Fuerzas Armadas— no han logrado reinsertarse exitosamente a la vida civil. Tienen tierras, pero carecen de financiamiento; gozan de pensiones, pero son de hambre; y en algunos casos, hasta peligran sus vidas.
“Hay falta de voluntad política para cumplirle a este sector. Han transcurrido más de diez años de su desmovilización, se les promete la titulación de sus tierras, pero se ofrece, se ofrece y no se cumple”, señaló el Dr. Humberto Cerda, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Uno de los principales problemas que enfrentan los desmovilizados de la Contra y retirados del Ejército es la inseguridad legal en la propiedad, debido a trabas burocráticas y falta de voluntad del gobierno para hacer efectiva una pronta titulación de las tierras entregadas a ambos grupos.
Entre 1990 y 1992, período de la desmovilización de la Resistencia y la reducción de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) asignó un total de 701,000 manzanas a 24,272 familias.
El mayor porcentaje de esa suma (66 por ciento) se otorgó a los ex combatientes de la Resistencia y sus familias y el resto a campesinos tradicionales y sus familias (19% del área total) y un tercer grupo mixto (campesinos precaristas y lisiados de guerra, entre otros), que recibió 15 por ciento del área total.
Las 460,000 manzanas asignadas a los ex miembros de la Resistencia fueron entregadas principalmente en la región V (Boaco y Chontales con 40% del total) y la región VI (Matagalpa y Jinotega con 35,5% del total), siguiendo así el patrón geográfico de la localización de los desmovilizados.
Sin embargo, el propio INRA confiesa, en un documento oficial, que “la presión y la celeridad con que se llevó a cabo la entrega no permitió una adecuada coordinación interinstitucional, de ahí que algunos beneficiados recibieron tierras no saneadas legalmente”.
TITULACION DE TIERRAS: MAL QUE DURA 10 AÑOS
Al respecto, Denis Merlo González, Subdirector General de la Oficina de Titulación Rural (OTR), aseguró que esa entidad, creada en 1998, tiene un Programa Especial para los Desmovilizados de Guerra (con las siglas PED), cuyo propósito es resolver el problema de la inseguridad jurídica de los ex combatientes con la entrega de títulos.
El PED explicó que tiene dos metas: La indemnización de los antiguos dueños de tierras ocupadas por los desmovilizados por medio de bonos del Tesoro y la entrega de un título de propiedad a los desmovilizados.
Según las cifras de la OTR, si se respetan los plazos previstos, más de 10,000 desmovilizados tendrán sus títulos de propiedad antes de que concluya este año.
Las autoridades del Programa han priorizado tres sectores distintos de desmovilizados, la gran mayoría asentados en comunidades de Jinotega y Matagalpa. En total, pretenden titular 686 fincas, a favor de ex combatientes de la Resistencia y del FUAC.
Una vez concluido ese proceso, el PED habrá beneficiado a una 50,000 personas, incluyendo a los familiares de los desmovilizados, con una cantidad de más de 270,000 manzanas de tierra, según las estadísticas oficiales.
“La Resistencia va a quedar satisfecha totalmente en diciembre de este año”, afirmó el funcionario de la OTR.
Pero, no así los desmovilizados del Ejército, ya que admitió que el proceso de titulación a favor de éstos camina con más atrasos, debido a casos pendientes, entre ellos los del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), quienes se desarmaron desde 1997.
CARESTÍA DE TODO TIPO
A los factores señalados, el Dr. Humberto Cerda, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), sumó los referidos al abandono del campo y por ende, las urgentes necesidades sociales en el área rural.
“El deterioro de los derechos económicos y sociales que vive la población a nivel general, se remarca más en los sectores distantes de la capital, los cuales adolecen de las necesidades básicas, salud, educación y trabajo fundamentalmente”, refirió Cerda.
A esto se añaden las limitaciones propias del grupo social de los desmovilizados, ya que después de 10 años de guerra, “se trata de personas que tienen un bajo índice de escolaridad, una población joven sin calificación laboral y poca educada”, que obviamente no fueron preparados para enfrentar un proceso tan difícil como la post guerra.
El Dr. Cerda señaló que sufren de inseguridad ciudadana, ya que éste es un concepto más “integral”, que incluye la inseguridad económica, alimentaria, habitacional y educativa.
“Hoy, ningún aspecto de las condiciones de vida de los desmovilizados permite hablar de una seguridad integral. La falta de viviendas, de tierras, de titulación de las mismas, de centros de salud y de acceso a la educación, impide el desarrollo económico y social de una población marginada y olvidada”, insistió.
En las zonas donde viven los desmovilizados, “hay una violación amplia, sostenida y consistente de los derechos de la seguridad ciudadana”, concluyó el Dr. Cerda.
MISERAS PENSIONES
Otro de los obstáculos que han enfrentado en el proceso de reinserción, sobre todo los ex combatientes de la Contra, gira alrededor de las pensiones otorgadas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las que sobrepasan la cifra de 10,000.
Las pensiones asignadas son de hambre, ya que la suma máxima otorgada a un discapacitado total no sobrepasa los C$400 córdobas, monto cinco veces menor al costo de una canasta básica de 53 productos.
“Nosotros hemos cumplido exactamente con lo que dice la ley”, señaló a modo de explicación Ricardo Serrano Quant, Gerente General de las Pensiones en el INSS, aunque admitió que éstas son “bajas”.
La pensión máxima, revalorizada últimamente en agosto de 1999, corresponde a dos tercios del salario mínimo del Gobierno Central, o sea unos 366 córdobas, a favor de un discapacitado total.
Para los demás desmovilizados, la pensión se calcula multiplicando el monto máximo por su grado de incapacidad, o sea que puede ser mucho menor de 366 córdobas.
“La política de pensiones del INSS depende de la ley, pero la situación económica precaria del INSS no permite gastar más”, afirmó Serrano.
Para cada desmovilizado, explicó el funcionario público, se le pueden sumar a su pensión asignaciones familiares para la esposa y sus hijos, pero el monto máximo no puede alcanzar más de 550 córdobas, el salario mínimo del gobierno central.
Además, existen pensiones específicas para las viudas de desmovilizados, su ascendientes y sus huérfanos, pero por su monto simbólico las denominan “ayuda” que entrega el Gobierno.
Para Serrano Quant, la historia no puede ser distinta, ya que las personas involucradas en la Resistencia “no pusieron un solo centavo en el sistema de pensiones”, refirió.
A su juicio, no hay falta de voluntad de ayudar a los desmovilizados e incrementar sus ingresos, sino que hay problemas reales de financiamiento en esa institución pública.
“El INSS sólo puede funcionar con los recursos a su disposición y el nivel de ésos está ligado a la situación económica general del país”, dijo, “nosotros somos una institución responsable, no podemos hacer nada si no tenemos los recursos”.
Pese a las dificultades, Serrano aseguró que el INSS tiene “una relación excelente” con los líderes de la Resistencia. 
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