Asamblea aprueba Ley de Minas
CONSUELO SANDOVAL
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MARIELA OCÓN RODRÍGUEZ
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Con 68 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó en lo general, la Ley de Exploración y Explotación de Minas, mientras dirigentes de los güiriseros y líderes ambientalistas anunciaron que recurrirán de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia porque solamente otorga grandes beneficios a las transnacionales y daños al medio ambiente.
El tercer secretario del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, denunció que la ley favorece a 66 empresarios en detrimento de 16,000 güiriseros que existen en el país, quienes consideran que quedarán como “rehenes” de los concesionarios porque no les autorizarán realizar su trabajo artesanal de minería. El legislador propuso que se establezca un régimen especial que proteja el trabajo de la minería artesanal del país.
Un estudio realizado por la Red Nacional de Alerta Minera indica que entre 1992 y 1996 se habían autorizado 96 concesiones que tenían posesión sobre 7 millones 666 mil 346 hectáreas de tierras, de las cuales, 3 millones 212 mil 900 se habían entregado en la Costa Atlántica.
El análisis de los ambientalistas destaca que durante la actual administración se otorgaron 32 concesiones hasta diciembre de 1997, que representa cerca del 43% del territorio nacional.
Diversos organismos ambientalistas rechazaron la aprobación de esta ley porque en los artículos 15 y 31 contemplan la anulación de autoridad de los Consejos Regionales y la autorización para las grandes industrias mineras a realizar explotaciones sin el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Magda Lanuza del Centro Humboldt, dijo que la ley “asegura a las empresas la manera de hacer el daño y descartan cualquier método de reparación de los perjuicios que provocarán las explotaciones o exploraciones”.
Nómel Pérez de la Organización Pro Desarrollo Comunal (OPRODECO), dijo que se sienten afectados con la ley porque “excluye a la pequeña minería y les exige que tienen que cumplir con los estudios de impacto ambiental, mientras a los empresarios no les limitan la extensión de tierra explotable, quienes podrán exportar el oro en bruto o semiprocesado y únicamente establece que la aduana remita una muestra al Ministerio de Hacienda”.
Pérez agregó que la Red Nacional de Alerta Minera recurrirá de inconstitucionalidad contra esta ley ante el Poder Judicial, porque “establece confiscaciones de tierras”.
Edwin Baquedano, del sindicato de mineros, dijo que la ley dejó atados a los pequeños mineros porque los subordina a las transnacionales que sólo les importa explotar el recurso pero no se preocupan por la contaminación y muerte de los trabajadores, el medio ambiente y la desaparición de la flora y la fauna.
Por su parte, Augusto López, presidente de la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, afirmó que con la ley se fortalecerá el medio ambiente y el apoyo a los grandes mineros y güiriseros.
Según López, no se puede limitar el número de hectáreas de concesiones, ya que las leyes buscan mejorar las inversiones extranjeras y no se trata de afectar el medio ambiente. 
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