En menos de una semana la Contraloría General de la República ha demostrado en dos ocasiones que está sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo, probando con ello que es una institución completamente inútil e inservible. Primero fue en el caso de los “checazos”, y después en el del aumento de las cotizaciones del INSS.

Es bien sabido lo que pasó la semana pasada respecto al primero de ellos. Una mezcla de halagos y presiones provenientes de la Presidencia de la República actuaron de manera fulminante y decisiva sobre el Dr. Guillermo Argüello Poessy, presidente del Consejo Superior de la Contraloría, y dieron paso a un aberrante fallo que encubre y fomenta la corrupción de los funcionarios públicos.

Pero ahora, tan sólo cinco días después, el ente fiscalizador del Estado se ha doblegado por segunda vez ante la voluntad del Presidente Alemán. Estos son los hechos: el viernes pasado los cinco contralores resolvieron por unanimidad pedirle al INSS suspender el cobro del incremento de las cotizaciones de los asegurados mientras la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional se pronuncian al respecto. La resolución así tomada sería firmada por ellos este lunes pasado y notificada al INSS. Sin embargo, ese día el Presidente Alemán intervino para evitar que la Contraloría procediera conforme lo decidido el viernes. Al día siguiente, el ente fiscalizador dio marcha atrás y sacó un ridículo comunicado invitando al INSS, al COSEP y a las Centrales Sindicales, entre otros, para “discutir el incremento de las cotizaciones”. Sólo el Contralor Agustín Jarquín se opuso a que se cambiara la resolución tomada el viernes anterior.

El Presidente Alemán –en una actitud obviamente chantajista– alega que de no efectuarse el aumento de las cotizaciones, el INSS no estaría cumpliendo con las metas de ahorro establecidas en el ESAF y que eso haría que el país no pudiera obtener el perdón de la deuda externa. El asunto no es a como lo pone el Presidente. Es cierto que entre las condicionalidades del ESAF está la reforma del INSS, y, de hecho, ya se aprobó la Ley de Pensiones que reforma esa institución. Esa ley contempla el incremento de las tasas de cotización, pero el caso es que la misma no ha sido reglamentada ni se han creado los instrumentos que ella exige, como es el caso de la Superintendencia de Pensiones que vigilará el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Mientras dicha ley no se reglamente y no se cree la superintendencia, no puede entrar en vigencia, y, por ende, no pueden incrementarse las cotizaciones, ya que el directorio del INSS no está facultado legalmente para hacerlo.

No hay condicionalidad que pueda justificar la violación del Estado de Derecho. Si el Gobierno tuviese voluntad de respetarlo, bien podría apresurar la aprobación del reglamento de la Ley de Pensiones, o solicitar una prórroga a las Instituciones Financieras Internacionales. No sería la primera vez que éstas mostraran alguna flexibilidad. Así, por ejemplo, está el caso de la privatización de ENITEL, que siendo una condicionalidad del ESAF con la que debió cumplirse desde hace mucho tiempo, aún no se ha cumplido. El Gobierno, además, para satisfacer las metas del ESAF, está acostumbrado a seguir la línea de menor resistencia, optando por el incremento de los impuestos y tributos y rehusando restringir el gasto público superfluo.

En esto de la urgencia de incrementar las cotizaciones, parece que hay algo más que la simple necesidad de cumplir con las metas del programa de ajuste. Siendo que estamos en un año electoral, y habiendo el INSS tradicionalmente sido una caja chica del Gobierno, no sería nada raro que parte de lo extra que esperan recaudar con las nuevas cotizaciones se intente destinarlo a actividades proselitistas del partido de Gobierno.

De momento, lo cierto es que el Presidente Alemán continúa imponiendo arrogantemente su voluntad y atropellando a las instituciones del Estado, mientras algunas de éstas, como la Contraloría General de la República, están demostrando que no sirven absolutamente para nada.   

Contraloría inútil e inservible