Pinochet alega inocencia
Eva Vergara (AP)
SANTIAGO DE CHILE.- El general Augusto Pinochet alegó el jueves que la Corte Suprema no tiene jurisdicción para procesarlo y culpó a la Junta Militar de delegar facultades en una comitiva castrense que durante su dictadura dejó 75 ejecutados, incluso 19 secuestrados por los que se busca enjuiciarlo.
Pinochet, a través de su defensor Ricardo Rivadeneira, desplegó ayer los últimos esfuerzos para que el máximo tribunal de justicia anule un dictamen de un tribunal inferior, que el 5 de junio lo despojó de su inmunidad legislativa y posibilitó su enjuiciamiento.
El general, de 84 años, no estuvo presente porque no está obligado a asistir a las sesiones de apelación que concluyen hoy.
La Corte de Apelaciones dictaminó por 13 votos a 9 que “hay sospechas suficientes” para encausarlo por secuestro.
Los 20 jueces de la Corte Suprema, cuyo fallo es inapelable, escucharon con sus rostros inmutables y sin mayores gestos el alegato de la defensa y de tres acusadores de Pinochet, que insistieron en su responsabilidad criminal.
Los ocho acusadores del ex dictador afirman que es responsable de los secuestros porque en septiembre y octubre de 1973 envió una comisión castrense –conocida como la “caravana de la muerte”–, por el país para agilizar procesos y que concluyó con 75 ejecutados, dentro de los cuales 19 siguen desaparecidos, por lo que se los considera secuestrados.
Rivadeneira alegó durante 90 minutos la inocencia del ex dictador, y dijo que los 19 presos políticos fueron ejecutados y no secuestrados, por lo que el proceso debe amnistiarse y prescribirse. El abogado defensor insistió en que Pinochet no es objeto de un debido proceso y reiteró que no ha “podido tener una relación directa” con su cliente porque “no se encuentra en situación normal” para relacionarse con su equipo de juristas.
Dijo que la sentencia de la Corte de Apelaciones que falló su desafuero “es extremadamente imperfecta” porque parte del hecho falso de que Pinochet delegó facultades personales en el general Sergio Arellano, jefe de la comitiva.
Señaló que en septiembre y octubre de 1973 Pinochet era presidente de la Junta Militar de Gobierno que derrocó al gobierno constitucional, por lo fue la Junta la que delegó en Arellano esas facultades.
Rivadeneira, sentado frente al panel de jueces, alegó como punto final que esa corte carece de jurisdicción para desaforarlo como senador vitalicio, porque Pinochet es un ex jefe de Estado que debió ser sometido primero a un juicio político ante el congreso, y que sus actos fueron “actos de administración, no privados”.
Gustavo Horvitz, en representación de Carmen Hertz, viuda del periodista desaparecido Carlos Berger, desestimó el argumento de la jurisdicción al recordar que Pinochet y la Junta cerraron el Congreso hasta 1980 y que hasta 1990 la misma Junta actuó como poder legislativo.
Durante su media hora de alegatos, añadió que el Congreso, reabierto en 1990, fue impedido de juzgar hechos previos a marzo de 1990, en virtud de un decreto firmado por el propio ex dictador. 
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