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JUEVES 20 DE JULIO DEL 2000 / EDICION No. 22075 / ACTUALIZADA 10:50 pm
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¿Quién invita la injerencia extranjera?

Las airadas voces de protesta que en días pasados se alzaron en el Gobierno, en contra del pronunciamiento emitido el martes 11 de julio por el llamado Grupo de los 5 más Japón, dejaron sin duda un sabor amargo en las relaciones de Nicaragua con los principales países cooperantes.

Como se sabe, en dicho pronunciamiento, los representantes de España, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Japón, manifestaron su preocupación e interés porque el proceso que el Consejo Supremo Electoral (CSE) está dirigiendo sea “transparente e inclusivo”, a fin de que resulte en unas elecciones municipales “transparentes y competitivas”. Este grupo, que está conformado por los países que más ayuda le otorgan a Nicaragua, se ha impuesto la misión de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro Gobierno el año pasado en Estocolmo y este año en Washington.

Las voces de protesta se alzaron en contra de lo que ellas estimaron como una indebida intromisión extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. El primer reclamo lo hizo el mismo Consejo Supremo Electoral. Posteriormente, los cuatro Poderes del Estado emitieron un comunicado conjunto en el mismo sentido. De esa manera el Gobierno dejó establecido claramente su rechazo a la intromisión externa en todo aquello que él considera que debe ser de la incumbencia exclusiva de los nicaragüenses. A la voz del Gobierno se unieron la de algunos medios de comunicación oficialistas y la de ciertos representantes de partidos políticos.

Lo que hizo el Gobierno no sorprende. Este sintió que lo que le correspondía hacer desde un punto de vista político, y de cara a la ciudadanía, era manifestar su repudio a algo percibido como una violación de nuestra soberanía. Lo que el Gobierno no dice, sin embargo, es que fue él mismo quien invitó esa injerencia extranjera al aceptar sin cuestionarlas, en Estocolmo, las condiciones de transparencia y gobernabilidad a cambio de la ayuda económica. En virtud de que estos dos términos –transparencia y gobernabilidad– no fueron claramente definidos en esa oportunidad, ellos pueden ahora ser interpretados de muy diferentes maneras. Por lo visto, a la Comunidad Internacional le pareció que la aplicación discriminatoria de la Ley Electoral por parte del CSE –dominado por liberales y sandinistas– podría poner en peligro la gobernabilidad del país, sintiendo en consecuencia que tenía derecho de pronunciarse al respecto.

Es posible también que el pronunciamiento del Grupo de los 5 más Japón haya sido en parte motivado por las repetidas declaraciones del Presidente Alemán de que en las elecciones sólo competirían el PLC y el FSLN –“el bien y el mal”, en sus propias palabras–. Tales declaraciones insinuaban que ningún otro partido sería aceptado en la carrera electoral. Es obvio que esas arbitrarias y abusivas intromisiones del Presidente Alemán en las funciones del CSE –intromisiones que este poder jamás cuestionó– no contribuyeron a fortalecer el principio de gobernabilidad al cual el Gobierno está comprometido, motivando a la Comunidad Internacional a involucrarse, ya que ésta siente que cuenta con la autorización del Gobierno mismo para hacerlo.

La soberanía de un país es función –al menos parcialmente– de su independencia financiera y económica. Para todo fin realista, Nicaragua empezó a perder soberanía a medida que el sandinismo en los años ochenta iba destruyendo la capacidad productiva del país y volviéndolo dependiente de los empréstitos y de las donaciones del extranjero. No se puede culpar a este Gobierno por el alto endeudamiento actual de la nación –y mucho menos aún al Gobierno anterior que redujo esa deuda a la mitad– pero tampoco puede exculpársele por actuar impensada y arbitrariamente, propiciando con sus acciones una mayor injerencia extranjera en nuestros asuntos. Que tales experiencias nos sirvan para tomar conciencia de la necesidad de contar con un Gobierno prudente y de la urgente necesidad de reactivar nuestra capacidad productiva para que nadie se sienta con derecho de inmiscuirse en lo que nos es propio. Mientras no lo logremos, los comunicados y los arrebatos de dignidad como los que hemos visto en estos días no pasarán de ser meras posiciones retóricas.  
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