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MARTES 18 DE JULIO DEL 2000 / EDICION No. 22073 / ACTUALIZADA 12:30 am
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En San Carlos
Corrupción también amenaza el bosque

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.Según la investigación, el aval para la extracción de madera estaba firmado y sellado por el alcalde Pilarte, pero después se comprobó que eran falsos
.Este es un caso que ha coincidido con medidas administrativas que afectan a la Policía Nacional de este municipio y que se investiga de oficio por ser posible delito económico de evasión fiscal, relacionado con el tráfico de madera

Las irregularidades en la administración de la Alcaldía de San Carlos amenazan los recursos naturales de la región. En esta gráfica se observan las cantidades de madera que se comercializan en Río San Juan y que muchas veces salen por medios ilegales y sin pagar los impuestos correspondientes

 

JOSE ADAN SILVA
joseadan.silva@laprensa.com.ni

SAN CARLOS, RIO SAN JUAN.– Las investigaciones de anomalías administrativas en la Alcaldía de San Carlos, principalmente un caso relacionado con la evasión fiscal y el tráfico de madera, han provocado reacciones contra el cuerpo policial, denunció el subcomisionado Yuri Valle, jefe de la delegación policial de San Carlos.

De diciembre a la fecha la Policía ha recibido e investigado cinco casos de irregularidades administrativas y penales que vinculan a la Alcaldía: Hurtos, falsificación de firmas, usurpación de funciones y robo. Todo en perjuicio de la Comuna.

Pero es un caso que ha coincidido con medidas administrativas que afectan a la Policía Nacional de este municipio y que se investiga de oficio por ser posible delito económico de evasión fiscal, relacionado con el tráfico de madera.

Juan de Dios Reyes Rivera, traficante de madera, denunció ante la Policía Nacional un caso de estafa que vinculaba a funcionarios de la Alcaldía y a la secretaria de la delegación del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de Río San Juan, Karla Granja.

Reyes dijo ante la Policía que el 23 de diciembre de 1999, a través de Granja, remitió 10.000 córdobas en concepto de préstamos a la Alcaldía. Según la investigación policial, el vicealcalde Wilber Téllez solicitó el dinero a Reyes para suplir algunas necesidades de la Comuna, pero el dinero nunca entró a las arcas de la Alcaldía.

La Policía inició las pesquisas a solicitud del alcalde Pilarte y se dio cuenta que los 10.000 córdobas entregados por Reyes al vicealcalde, no eran precisamente en concepto de préstamo, sino el pago de un aval negociado y extendido por el vicealcalde a Reyes, válido para la extracción de 290 metros cúbicos de madera.

Según la investigación, el aval para la extracción de madera estaba firmado y sellado por el alcalde Pilarte, pero después se comprobó que eran falsos. El vicealcalde había mandado a hacer sellos y falsificó la firma de Pilarte para entregar la concesión de madera a Reyes, a cambio de 10.000 córdobas.

Las pesquisas de la Policía indican que Reyes pudo haber sacado la madera por el puesto fronterizo El Tule, con autorización falsificada de la Alcaldía y sin pagar impuesto porque supuestamente andaba autorizado por el alcalde.

El caso es investigado de oficio, por ser un delito económico de evasión fiscal y porque va en perjuicio de los recursos naturales de la región. La sentencia del Juzgado Local para los involucrados fue de sobreseimiento definitivo al no encontrarse ningún ofendido, ni preexistencia del cuerpo del delito.

La Juez Única del Distrito de San Carlos, Rosa Inés Osorio, quien ha conocido y tramitado los casos, dijo que las resoluciones de las causas han sido apegadas a derecho y que si han salido sobreseídos es porque ha habido arreglos extrajudiciales entre los involucrados y las partes ofendidas.

Las investigaciones de estos casos han coincidido con medidas administrativas de la Alcaldía que afectan de una u otra manera a la institución Policial.

“Nosotros sentimos que ha venido una reacción de la Alcaldía en contra de la Policía”, dijo Valle.

Un edificio propiedad de la Alcaldía había sido ofrecido a la Policía para brindar alojo a dos jefes de la Policía.

Luego de las investigaciones, la Alcaldía solicitó el desalojo del inmueble de los uniformados, justificando que iban a utilizar la propiedad. Pasaron cuatro meses antes de ser utilizado nuevamente.

La Policía ocupaba un local en San Carlos que servía de puesto de vigilancia en el casco urbano, ya que la delegación central se ubica a cuatro kilómetros fuera de la ciudad. La Alcaldía les dijo que desalojaran el lugar porque iban a trasladar una biblioteca que nunca instalaron, dejando a San Carlos sin presencia constante de la Policía y sin una biblioteca en funciones.

También los quieren desalojar de un taller de mecánica que ocupan desde 1990. Para Valle, todas estas coincidencias son muy sospechosas.   
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