Se complica disputa por maderas de Tungla
MARIO SÁNCHEZ P.
nacionales@laprensa.com.ni
Dirigentes indígenas de la comunidad de Tungla, Prinzapolka, de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), denunciaron ante el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) que dos traficantes ilegales de madera llegaron a esta zona y les derribaron un extenso bosque de caoba y cedro real, hasta completar unas 4,000 tucas de madera preciosa.
La denuncia la hizo el síndico Fausto Boudier Garth y su junta directiva integrada por el vicesíndico Eliseo Joseph Benlis, el secretario Santos Boudier Garth Díaz y el juez comunal Raymundo Largaespada, además de Crescencio Boudier, ex síndico de Tungla, todos legalmente nombrados por Hilario Thompson Waldeman, alcalde de Prinzapolka, y reconocidos por el Ministerio de Gobernación en Puerto Cabezas.
La denuncia la hicieron el 20 de junio del 2000 y exigieron ante Anthony Rojas, coordinador de regiones de INAFOR, la retención de los camiones que transportaban 1,450 tucas de caoba y cedro real, que Mario Alberto Miranda Mejía y Antenor Alvarez Angulo sacaron supuestamente ilegal de Tungla.
“JEFES MILITARES” AUTORIZARON
Miranda y Alvarez visitaron LA PRENSA y dijeron que ellos tienen autorización de Melanio Hernández Boudier, Valerio Benlis Navas y de Roy Wilson Sanders, entre otros dirigentes verdaderos de la comunidad de Tungla, también firmada por Ezequiel Medrano, “jefe militar de la zona” y por Cruz Rojas López, “segundo jefe militar”.
Miranda dijo ser Presidente de la Asociación Forestal de Productores Industriales de Nicaragua (AFPEINIC) y aseguró que ellos nada tienen que ver con el tráfico ilegal de maderas, particularmente de caoba y cedro real de Tungla.
Los comunitarios de Tungla dijeron que para terminar con el bosque, los señores Miranda Mejía y Alvarez Angulo se respaldaron en autorizaciones hechas por usurpadores e impostores que se hicieron pasar como dirigentes de la comunidad, entre los que mencionaron a Melanio Hernández Pérez, los que al parecer no fueron elegidos por la población, ni ratificados por las autoridades de Prinzapolka.
“HICIERON DESASTRE” DICEN INDIGENAS
Los dirigentes indígenas sostienen que quienes tumbaron los árboles de caoba y cedro real fueron Miranda Mejía y Alvarez Angulo, a quienes ellos llegaron a reclamarles hasta el sitio donde estaban derribando los árboles de caoba y cedro real y les ordenaron suspender la acción depredadora.
“Ellos llegaron a hacer desastre. No querían sacar sólo las 300 trozas que la comunidad había tumbado, sino que arrasaron con el bosque virgen, aprovechando un Plan General de Manejo para otra zona”, dijo Boudier.
“El pueblo lloró cuando vio entrar los tractores que abrían las trochas y después cuando Mario Miranda comenzó a derribar. Parece que pasó un huracán. Eso da tristeza”, denunció Boudier.
Miranda Mejía y Alvarez Angulo reclamaron la salida de la madera y afirmaron estar autorizados por INAFOR y por la dirigencia indígena de la comunidad. Se amparan en un escrito elaborado por David Rodríguez Gaitán, Juez Unico de Prinzapolka, y otro que la abogada Anita Salomé Artola Blanco, de Siuna, extendió a los presuntos dirigentes comunales.
Miranda agregó que fueron los dirigentes de la comunidad quienes les ofrecieron a ellos negociar la madera que presuntamente estaba tumbada en el bosque de Tungla, ya que los pobladores venden la madera por ser el único medio de subsistencia.
Miranda y Alvarez expresaron que ellos se comprometieron con los comunitarios a elaborar un plan de manejo que el INAFOR se lo aprobó el 5 de abril del 2000.
Miranda, quien asegura tener más de 20 años de trabajar en el ramo maderero, explicó que él y Antenor Alvarez iniciaron las negociaciones con la comunidad desde 1999, pero que debido al conflicto armado en el triángulo minero, sólo pudieron sacar el producto a patios de todo tiempo, un proceso que contó con la inspección y marqueo realizado por José Salinas, responsable de supervisión de INAFOR.
TIENEN ESCRITURA
Sostuvo que para la extracción de esta madera tiene hasta una escritura extendida por Melanio Hernández Boudier, la número 634, elaborada por la abogada y notaria Zela Rivas Vado, el 23 de noviembre de 1999, que le da derecho sobre el bosque de Tungla.
En esta escritura, el señor Melanio Hernández Boudier dice ser propietario del inmueble y le otorga a Rivas Mejía y a Antenor Alvarez Angulo, los derechos de usufructo y explotación de madera preciosa; sacar madera tumbada y hasta tumbar árboles de caoba y cedro real en pie y maderas blancas.
La escritura de Miranda Mejía y Alvarez Angulo, fue supuestamente elaborada por la abogada Rivas Vado el 23 de noviembre de 1999, en base a la acreditación de Hernández Boudier, elaborada por la notaria Anita Salomé Artola Blanco, el 15 de febrero del año 2000 y registrada con el número 33, folio 23 y 24 de su libro de protocolo.
Según Juan Ramón Campos, responsable de Información y Registro, ese documento carece de valor legal y tiene contradicciones en sí misma.
Además, quien tiene que dar fe de la verdadera representación de los dirigentes de la comunidad es el alcalde del municipio o por certificación del delegado de Gobernación, indicó.
En relación a las 1,450 trozas retenidas en Santa Rita, Siuna, que forman parte de la madera tumbada en Tungla, Mario Miranda dice que él no ha sacado ni una sola troza porque no tiene maquinaria, por tanto no tiene nada que ver con el transporte ilegal de la madera.
Aseguró que la madera retenida era transportada por el señor Antenor Alvarez Mejía, quien también lo acompañaba. Alvarez Mejía respaldó esta versión.
ACUSAN A BUDIER
Ambos aseguraron que la madera no les fue retenida por INAFOR ni por los dirigentes de la comunidad de Tungla, sino por otras personas que se la quieren robar y acusaron a Fausto Boudier Garth.
Estos dos madereros aseguraron que el producto requisado es de ellos y que hasta dijeron haber hecho dos pagos de impuestos hasta por 5,000 córdobas, al alcalde de Prinzapolka, profesor Hilario Thompson Waldeman.
Sin embargo, Anthony Rojas, coordinador de INAFOR para la RAAN, dijo que la madera fue retenida por INAFOR a Mario Miranda y a Antenor Alvarez, por denuncia hecha en Siuna por los dirigentes de la comunidad, encabezados por Fausto Boudier Garth.
Miranda agregó que él tiene autorización de INAFOR, lo que respaldó con los permisos 990023 y 990058.
Mejía también envió una carta a LA PRENSA el 30 de junio del 2000, en la que asegura que el legítimo dueño de la madera retenida en Santa Rita, Siuna, es Antenor Alvarez Angulo, residente en Juigalpa, Chontales.
En su carta afirma que ”vale la pena aclarar, que existe una madera retenida la cual pertenece al señor Antenor Alvarez Angulo” y exige: “que me prueben y demuestren el supuesto vínculo en que mi persona tiene que ver con el tráfico ilegal de madera”.
MIRANDA Y ALVAREZ SIN AUTORIZACION DE INAFOR
Juan Ramón Campos, responsable de Información y Registro de INAFOR, afirmó que las 1,450 tucas de caoba y cedro real, le fueron decomisadas a Miranda Mejía porque está prohibido el corte y transportación de maderas rojas y porque estos dos hombres no están autorizados.
Afirmó que Miranda y Alvarez no tienen permisos de INAFOR, ya que las autorizaciones números 99-0058 y 99-0023, están vencidas desde el 30 de octubre de 1999.
Agregó que aunque los permisos les habían sido renovados el 20 de enero del 2000, nuevamente se les vencieron desde el 31 de marzo de este año y ya no serán autorizados otra vez. Por tanto, cualquier actividad relacionada con la madera es ilegal y no tiene permiso de INAFOR.
Toda la documentación que ellos presentan es ilegal y hasta el Plan General de Manejo Forestal denominado Tungla, presentado ante INAFOR por Mario Miranda y Antenor Alvarez, el que utilizarlo es ilegal porque “no fue aprobado por no cumplir con los requisitos técnicos, ni requisitos legales, pues no cuenta con el aval del Consejo Regional Autónomo”. Por tanto, “este Plan General no les ha sido ni será autorizado”, sostuvo Campos.
Explicó que por esa acción en Tungla, esos madereros deberán ser suspendidos y multados por INAFOR. Róger Alonso, director de Relaciones Públicas de INAFOR, afirmó que funcionarios de la institución se encuentra en aquella zona investigando la denuncia y dependiendo de lo comprobado in situ, la Dirección Jurídica decidirá qué sanción imponerles a estos madereros.
Campos explicó que Miranda Mejía y Alvarez Angulo estaban extrayendo la madera de un sector de Tungla, en base a ese plan general de manejo que fue elaborado para otra zona. “Tungla no será autorizada y la caoba y cedro real tumbados no pueden ser sacados”, advirtió Campos.
Agregó que ni Miranda Mejía, ni Alvarez Angulo ni su organización AFPEINIC, tienen autorización para tumbar o sacar madera, ni siquiera de las especies blancas. El único de los 28 socios de AFPEINIC que tiene permiso, pero que se le vencerá en agosto, es el señor Max Ubeda, afirmó Campos. 
|
