El Presidente Arnoldo Alemán acusó a los partidos políticos de oposición de haber falsificado la mayor parte de las firmas de ciudadanos que presentaron al Consejo Supremo Electoral (CSE), en cumplimiento del requisito de que para tener personalidad jurídica y participar en las elecciones, los partidos deben ser respaldados al menos por un equivalente al 3% del padrón electoral de los comicios anteriores.

La acusación contra los partidos de que las firmas anuladas por el CSE durante el proceso de verificación eran fraudulentas, fue formulada por el Presidente Alemán en una declaración a la Radio Corporación, el lunes pasado, la repitió el martes al inaugurar la calle que va de Managua a Sabana Grande, y la reiteró el jueves durante una visita de trabajo a Boaco.

Aunque la imputación de delito que hizo el Presidente Alemán contra los partidos afecta también al gubernamental Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que fue al primero que el CSE anuló una gran cantidad de firmas, sin dudas que la acusación presidencial está enfilada exclusivamente a desacreditar a los políticos que se oponen al actual gobierno y al pacto libero-sandinista.

Pero lo sorprendente no es la grave acusación del Presidente Alemán contra los dirigentes opositores, ni el lenguaje rudo y excluyente que usa el titular del Ejecutivo al referirse a los temas políticos y electorales, sino el silencio de los acusados, como si aceptaran (el que calla, otorga) la imputación presidencial de haber cometido un delito que está tipificado en el Código Penal (artículos 473 y 474).

Si es cierto que los partidos opositores falsificaron las firmas de los ciudadanos para intentar un fraude, ¿por qué el CSE no denuncia ni acusa a los presuntos delincuentes, incluidos los notarios públicos que de acuerdo con el artículo 65, numeral 9, párrafo 2 de la Ley Electoral, autenticaron las firmas que según el Presidente Arnoldo Alemán son falsas y fraudulentas?

Lo que nosotros hemos percibido alrededor del problema de las firmas es que el procedimiento de verificación inventado por el CSE ha resultado arbitrario o al menos excesivamente drástico, al grado de que no son 72 mil las firmas que se deben presentar, sino más de 200 mil. De manera que inevitablemente han tenido que resultar anuladas muchas firmas, pero no porque fueran falsas, sino porque algún apellido fue mal escrito, porque se colocó inadecuadamente uno de los números de la cédula, o porque la firma estampada en el pliego de respaldo no correspondía de manera absolutamente exacta a la que aparece en la cédula o en el archivo del CSE.

Al respecto el magistrado electoral del PLC y vocero oficial del CSE, Silvio Calderón, con mucho más prudencia y sentido de responsabilidad que el Presidente Alemán señaló que el problema de las firmas es de calidad. O sea que no se trata de que las firmas sean falsas, como ha acusado el titular del Ejecutivo, sino que el procedimiento de verificación -que como se sabe, no forma parte de la Ley Electoral- fue creado para impedir que los partidos políticos desafectos al PLC y el FSLN participen en las elecciones.

Tal vez esta política excluyente podría ser favorable para los partidos PLC y FSLN, que a toda costa tratan de imponer un sistema bipartidista cerrado como el que existió en tiempos del somocismo. Pero la imposición es dañina para el país, porque fomenta la inestabilidad, siembra y fomenta la desconfianza de los ciudadanos hacia el Consejo Supremo Electoral y las elecciones, y a la larga es perjudicial para el mismo partido gubernamental como ya lo probó por su propia y amarga experiencia en 1979.

¿Cómo no darse cuenta de que con esta arbitrariedad no sólo se despoja a la democracia de su esencia pluralista y participativa, sino que se atenta también contra la economía nacional? En efecto, ya ahora hay una preocupante recesión económica, que sin dudas se pondrá peor en la medida en que aumenten la inestabilidad política, la incertidumbre electoral y el temor a un fraude bipartidista.

Si el Partido Liberal Constitucionalista y el FSLN están seguros, como dicen sus líderes, de que van a ganar las elecciones, ¿por qué entonces no quieren o temen que participen los partidos políticos democráticos?   

Insensatez