ESPECIAL
Contraloría ausente en licitación de Cementera
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Argüello asegura que examinarán proceso a posteriori, tras el show que hicieron con privatización
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Guillermo
Argüello Poessy |
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Eduardo Marenco
eduardo.marenco@laprensa.com.ni
La Cementera es un “búnker” inexplorado por la Contraloría General de la República.
El presidente de la Contraloría, Dr. Guillermo Argüello Poessy, dijo que examinarán a posteriori el arrendamiento de la Compañía Nacional Productora de Cemento (CANAL), estatal, en el 95% de sus acciones.
Explicó que a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con relación a la denuncia de nulidad introducida por la Contraloría en contra de la privatización del 51% de las acciones del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), el ente fiscalizador decidió no acudir a las aperturas de ofertas de los procesos de licitación.
“La Corte, al rechazar la denuncia de la Contraloría, sostuvo que el ente fiscalizador había participado en la apertura de ofertas y no había objetado nada, por tanto no podía objetar después, entonces decidimos dejar de asistir a las aperturas de ofertas porque a nada vamos, más que a bendecir”, dijo Argüello Poessy, refiriéndose a la presencia del ex contralor Agustín Jarquín, en el proceso de venta del 51% de las acciones del BANIC a los actuales propietarios.
Es por esta razón, agregó Argüello Poessy, que la Contraloría estuvo ausente el pasado 17 de noviembre durante la apertura de ofertas de la licitación del arrendamiento de la Cementera, evento al que asistieron tres oferentes, de los cuales sólo dos formularon propuestas económicas: Cementos Mexicanos (Cemex) y Olympus Venture. Uno se retiró sin presentar oferta alguna.
CEMENTERA FUE UN "BUNKER" INEXPUGNABLE
Sin embargo, actualmente la Contraloría realiza una auditoría con relación a la liquidación de los ex presidentes de la Cementera que han sido nombrados por el Presidente Arnoldo Alemán desde 1997, entre los que están Gabriel Leví, también ex presidente de la empresa telefónica estatal.
Pero, dicha investigación no ha avanzado ya que el actual presidente de la empresa, Rigoberto Toruño Coronel, ha solicitado un plazo de ¡60 días!, para confirmar los hallazgos, cuando la Contraloría estima que puede responder en un plazo de siete días.
La auditoría de la Contraloría investiga la millonaria indemnización del ex presidente de la Cementera, Gabriel Leví, quien recibió un poco más de $100,000 dólares de liquidación.
El ex Director de Probidad de la Contraloría, Rafael Córdova Alvarez, recordó que la anterior administración de la Contraloría no tuvo la oportunidad de examinar el uso de los fondos de la empresa estatal.
“Nunca nos dejaron hacer auditoría, alegaban que se trataba de una sociedad anónima y por tanto se regían bajo el Código de Comercio”, afirmó Córdova, “así que decían que nada tenía que hacer la Contraloría”.
Añadió que cuando se conoció de transferencias de dinero de las empresas del Estado a la Presidencia de la República, la Contraloría decidió saber si allí sucedía lo mismo, pero no permitieron las indagaciones del órgano de control.
Por su lado, el vicepresidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, dijo que “se me ocurre pedir mañana -durante la reunión de los contralores- un informe completo del arrendamiento”.
SINDICATO VELA POR ESTABILIDAD LABORAL
- El Sindicato de la Cementera, el cual aglutina a unos 500 obreros, está “ojo al Cristo” para garantizar la estabilidad laboral de al menos el setenta por ciento de los trabajadores luego del arrendamiento, señaló su principal dirigente, Oscar González.
- “Existe dentro de la Ley de Arrendamiento y la cláusula del contrato que se suscribirá con la empresa favorecida, que (ésta) debe garantizar inversión a fin de modernizar la planta y se continúe la explosión minera de caliza y garantizar el setenta por ciento de estabilidad laboral”, afirmó González.
- Añadió que como representante del sindicato en el Comité de Licitación, velará por los intereses de los obreros para que gane la mejor oferta en beneficio de los mismos.
- “Estaremos vigilantes para que se cumpla la ley”, advirtió, “si detectamos una falla en el contrato haremos uso de nuestros derechos ya sea para que se rescinda el contrato o por medio de una huelga”. 
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