CONTROVERSIA - Aborto, entre la religión y la ley
Iglesia y gobierno: Pena de muerte para las mujeres
Sofía Montenegro
La próxima “marcha contra el aborto” promovida por la Iglesia Católica y que será encabezada por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, con el fin de apoyar la abolición del aborto terapéutico por la Asamblea Nacional, será la culminación del “otro pacto” existente en el país. Se pretende imponer la doctrina absolutista de la Iglesia a cambio de un respaldo político que el gobierno y los partidos estiman necesarios de cara a las próximas elecciones.
La jerarquía católica, en un retrógrado “ecumenismo” con ciertas jerarquías evangélicas, por medio de semejante cambalache al parecer van a lograr abolir el aborto terapéutico y conculcar un derecho establecido desde hace 120 años. Con ello se niega a todas las ciudadanas nicaragüenses y a sus familias el derecho a salvar la propia vida y se impone de facto la pena de muerte a las mujeres.
Se pretende imponer un modelo de maternidad obligatoria donde el derecho a la propia vida de las mujeres es eliminado a favor de unos supuestos “derechos de feto”. Tal pretensión es violatoria de los derechos humanos de las mujeres por cuanto además de interdependientes, universales, integrales e indivisibles, los derechos humanos son intransferibles: no pueden cederse ni renunciarse. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y no se puede reclamar que las mujeres renuncien a ellos o permitir que se los arrebaten.
Si el Poder Legislativo da curso a la voluntad de la Iglesia y aprueba la eliminación del aborto terapéutico, estará violando además la Convención Mundial para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual Nicaragua es signataria y que enfatiza el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres e insta a eliminar todas aquellas disposiciones que dificulten el cuidado de su salud, incluyendo el derecho al control de su propia fecundidad. Asimismo, viola el derecho humano básico de las personas a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia. El Estado de Nicaragua no sólo le niega a sus ciudadanas(os) el acceso a servicios de salud y a medios de prevención de los embarazos, sino que encima condena a cualquier mujer embarazada que pueda sufrir alguna enfermedad, a obligarla a tener el hijo aunque ella se muera.
La Iglesia y la Asamblea Nacional deberían reflexionar sobre los resultados de la última encuesta de CID-Gallup donde las opiniones sobre la abolición del aborto terapéutico aparecen claramente divididas entre un 52.2.% que apoyan y un 40.4% que opinan que el derecho al aborto terapéutico debe mantenerse. En otras palabras que no hay consenso suficiente para eliminar tal derecho, particularmente cuando las opiniones a favor de la abolición vienen de los que tienen el más bajo nivel educativo y son probablemente los más desinformados sobre este tema. No se puede presentar como “respaldo de la mayoría” y en consecuencia “democrático”, lo que es fruto de la pobreza, la ignorancia y la manipulación de las conciencias, puesto que la gente teme la condena de la Iglesia: “apoyan el aborto quienes no creen en Dios” ha dicho el señor Jorge Solórzano, obispo auxiliar de Managua, mientras otros hablan de “excomunión”.
Dada la amoralidad reinante en la Asamblea Nacional, habría que esperar que la Iglesia actuara con más decoro y tal vez, un poco más de humanismo. En ese sentido, los obispos deberían movilizarse no para imponer la pena de muerte en el país, sino en coherencia con el perdón público que el Papa ha solicitado a las mujeres del mundo por el sufrimiento que la Iglesia les ha causado al justificar la discriminación, la desigualdad, el despojo económico, el sometimiento al varón y la falta de sensibilidad ante sus problemas vitales.
Al parecer la Iglesia en Nicaragua disiente del tardío –aunque necesario- arrepentimiento hecho por el Papa. Prefieren la cacería de brujas contra las “feministas de género” (sic) como le gusta decir a doña Elida de Solórzano y a los fundamentalistas de Anprovida, el cierre de los Centros Alternativos de Salud y el autoritarismo. En vez de luchar contra la pobreza, es mejor dejar morir a las pobres. Abolir derechos establecidos desde hace más de un siglo, negar el derecho a la propia vida y la insólita pretensión de regular nuestras vidas y muertes, dejándonos a todos en completa indefensión, demuestran que si bien la Iglesia declaró que ya no existe el infierno en el “más allá”, está absolutamente dispuesta a establecerlo aquí. Politiquería y elecciones mediante.
Periodista. Miembro del Comité Nacional Feminista
Un debate caliente
El 52.2 por ciento de los nicaragüenses opina que el aborto terapéutico no debe permitirse legalmente, según la última encuesta de CID-Gallup.
* El 54 por ciento de las personas con nivel superior de educación, opinan que la ley que permite el aborto terapéutico debe quedar tal como está.
* La mayor parte de quienes se pronuncian contra el aborto terapéutico está en el grupo menor de 24 años (53.7%) y en el grupo de los mayores de 40 años (54.8%).
* “Todos aquellos que se pronuncian a favor del aborto, son personas que no creen en Dios y por eso opinan así”. (Monseñor Jorge Solórzano, Obispo Auxiliar de Managua).
* “La Comisión de Salud (de la Asamblea Nacional) está en contra del aborto porque no es un método anticonceptivo, pero creemos que el aborto terapéutico debe quedar en el Código Penal porque hay diversas enfermedades congénitas que lo ameritan” (Rita Fletes, Presidenta de Comisión de Salud de la Asamblea Nacional).
* Artículo del Código Penal que provoca la controversia dice que aborto terapéutico será determinado científicamente por tres médicos especialistas del minsa en cada caso y sólo con el consentimiento de la mujer. 
|
