Sectarismo político en el CSE
A partir de las elecciones libres de 1990, en Nicaragua se dio la posibilidad de construir una auténtica democracia. Sin embargo, sólo 10 años después de la transferencia del poder de la dictadura sandinista a la democracia, el país está retrocediendo debido al pacto libero-sandinista que de nuevo ha sometido las instituciones a los intereses partidistas, ahora a los del PLC y el FSLN.
Una de las principales manifestaciones del retroceso político institucional que está sufriendo el país, es la conducta del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) que está controlado por 4 miembros del PLC y 3 del FSLN, el cual se ha dedicado a reducir los espacios del pluripartidismo, a impedir la participación de candidatos independientes competitivos y a allanar el camino a la consolidación de una anormal dictadura de dos cabezas.
El CSE proscribió a casi todos los partidos independientes que querían participar en las próximas elecciones, inhibió a Pedro Solórzano y últimamente ordenó al ex ministro del actual gobierno, José Antonio Alvarado, y al ex general sandinista Joaquín Cuadra Lacayo, que no siguieran organizando sus partidos políticos –después que ya habían electo una gran cantidad de directivas departamentales y municipales–, porque según el CSE “es necesaria la reglamentación de los artículos 64, 65 y siguiente (de la Ley Electoral) a fin de homogenizar los procedimientos en esa materia”, y “que se designe al representante del Consejo Supremo Electoral ante cada Asamblea de conformación de Junta Directiva Departamental o Municipal, en conformidad con el artículo 64 de la Ley Electoral”.
Pero lo que dice la Ley Electoral es que para formar un partido hay que llenar los requisitos establecidos expresamente en la misma Ley, de modo que los magistrados PLC y FSLN no tienen derecho de crear condiciones adicionales mediante una reglamentación que no están facultados a dictar. Las facultades reglamentarias del CSE están señaladas en la Ley Electoral (artículos 10 y 11) y se refieren específicamente a “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral” y “Dictar su propio reglamento”, nada más. En ninguna parte de la Ley Electoral se dice que el CSE debe reglamentar la formación de partidos políticos.
Pero el hecho es que el CSE prohibió que se siguieran organizando los dos nuevos partidos, “casualmente” después que un tribunal de apelaciones suspendió la resolución del ministro de Gobernación que quitó la ciudadanía nicaragüense al doctor José Antonio Alvarado, y dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión definitiva sobre el caso. De modo que si la Corte favorece a Alvarado éste no tendría ningún impedimento para ser candidato presidencial, siempre y cuando su partido esté debidamente constituido 12 meses antes de las elecciones, o sea, en noviembre de este año.
Es obvio, pues, que la prohibición del CSE está dirigida a que el partido de Alvarado no esté legalizado a tiempo, y de paso el CSE se ha llevado también al partido del ex general Joaquín Cuadra, cuya posible candidatura presidencial no es del agrado del FSLN porque perjudicaría las posibilidades de Daniel Ortega.
Respecto a las aspiraciones presidenciales de José Antonio Alvarado, hemos expresado anteriormente nuestra opinión de que no debería ser presidente de Nicaragua quien alguna vez y por la razón que fuese renunciara a la nacionalidad nicaragüense, aunque después la hubiese recuperado. Sin embargo, si la Constitución ya no establece ninguna restricción por ese motivo, la aspiración presidencial de Alvarado es legítima y las autoridades gubernamentales, ante todo el CSE, tienen que respetarla.
En cuanto al general retirado Joaquín Cuadra, nuestra opinión es que no debería ser presidente de Nicaragua ninguna persona que tiene formación militar y mucho menos si estuvo involucrada en la conducción de la guerra que ensangrentó a Nicaragua en el reciente pasado. Pero, igual que en el caso anterior, si la Constitución permite al ex general Cuadra y a cualquier otro ex militar, sandinista o de la Contra, aspirar a la presidencia de la República, nadie tiene por qué impedírselo.
El CSE tiene que revocar ahora mismo esa prohibición política, arbitraria y sectaria. 
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