Numerosos funcionarios y empleados públicos nos han expresado que a su juicio los medios de comunicación son injustos con ellos, cuando denuncian la corrupción oficial y critican los abusos gubernamentales, porque los echan en el mismo saco con los altos funcionarios corruptos.

Como ejemplo señalan que los funcionarios y trabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI) no tienen nada que ver con los “checazos” y el uso de recursos públicos para construir obras de beneficio particular de algunos altos funcionarios del gobierno, pero los medios culpan a todo el servicio público por la corrupción gubernamental y no reconocen el esfuerzo que hacen los trabajadores y empleados del Estado por atender de la mejor manera posible las necesidades de la población.

Se lamentan también los funcionarios y empleados públicos, de que a pesar de que son las primeras principales víctimas de la arbitrariedad del gobierno, que los considera como su reserva política, sin embargo, nadie alza la voz para defenderlos, lo cual ellos mismos no pueden hacerlo porque perderían inmediatamente sus empleos. No los defienden ni siquiera los partidos políticos y los candidatos que están enfrascados en sus campañas electorales.

Un claro ejemplo del abuso de que son objeto los funcionarios y empleados públicos, por parte de la camarilla gubernamental, es la contribución “voluntaria” que se les obliga a dar para el gubernamental Partido Liberal Constitucionalista. Esta situación se ha agravado últimamente para los directores generales, directores específicos y otros cargos de confianza en el sector público, a quienes están obligando a aportar una contribución extraordinaria para la campaña electoral del PLC, equivalente a un mes de sus sueldos, que se les descuenta de conformidad con arreglos que se hacen con cada quien.

En realidad, en el sistema de gobierno atrasado y autoritario que impera todavía en Nicaragua, la política sigue siendo una disputa de los partidos por los puestos públicos, como la definió el sociólogo, filósofo y politólogo alemán Max Weber (1864-1920) refiriéndose a la Europa de comienzos del siglo XX. Aquí al Estado se le tiene como un botín, la militancia política se hace para obtener prebendas y el grupo que se entroniza en el poder dispone de los empleados, que son pagados con dineros de todos los ciudadanos contribuyentes, como si fueran de su propiedad particular, familiar o partidista. En este sistema político primitivo se parte del supuesto de que los funcionarios le deben sus empleos al favor del partido gobernante, y por lo tanto tienen que ser leales con él, obedecer su disciplina y contribuir económicamente para su mantenimiento.

Pero la verdad es que los empleados y funcionarios públicos no están obligados a encarnetarse con el partido gobernante ni a financiarlo con cuotas deducidas de sus salarios. Por el contrario, la Constitución Política de la República protege la integridad moral y la independencia política de los servidores del Estado. Inclusive, la Constitución manda a regular mediante ley el servicio civil y la carrera administrativa (Artículo 131 Cn.), sólo que tal ley todavía no ha sido promulgada o carece de vigencia real, seguramente porque a los gobernantes les conviene mantener a los funcionarios y empleados públicos como reserva cautiva de la política oficialista.

Ahora se habla de la reorganización y modernización del Estado, supuestamente para elevar su eficiencia y mejorar el cumplimiento de sus funciones esenciales en los ámbitos de salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura. Hay un nuevo concepto de la administración pública que exige la reducción de la planilla estatal de empleados y funcionarios, que se orienta a racionalizar el aprovechamiento de los recursos humanos, los cuales deben ser menos pero más eficientes.

Sin embargo, en Nicaragua nuestros empleados y funcionarios públicos continúan sometidos a un régimen atrasado y antidemocrático que los subordina a los intereses del partido gobernante. Se trata de una degradante situación que debe terminar con el establecimiento de un gobierno auténticamente democrático, que profesionalice el servicio civil y respete la independencia política y moral de los servidores del Estado.  

Empleados públicos